Organizaciones humanitarias de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de un régimen de excepción que se implementa en el país para “combatir” a las pandillas, según un informe.
El Salvador cumplió ayer un año con la suspensión de garantías constitucionales, como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, con más de 66.417 detenciones.
Son siete organizaciones las que han recibido 4.723 denuncias de violaciones de derechos humanos, que afectan a 5.082 personas. “La población afectada está conformada en su mayoría por personas adultas y jóvenes, constituyendo el 93% del total de víctimas”, mientras que “el 2% del total corresponde al grupo en condiciones de vulnerabilidad de niñez y adolescencia”, dijo Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Apuntó que el 83,55% de las víctimas corresponden al género masculino y el 14,62% al femenino.
Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras, subrayó que “el hecho violatorio que ha caracterizado al estado de excepción ha sido la detención arbitraria”.
Indicó que se trata del 95 % de “las denuncias documentadas por las organizaciones”, para 4.723 víctimas de detenciones arbitrarias, según las denuncias.
“Este hecho vulnerador no puede verse aislado, pues en gran medida, las denuncias reflejan que ha estado acompañado de otras violaciones a derechos humanos”, allanamientos sin orden judicial, amenazas, acoso policial y tortura, dijo Burgos.
AFP
