En lo que va del año, el Gobierno ha promulgado normas que regulan al sector privado a un nivel que, según los empresarios, intimidan cualquier iniciativa de inversión. Al mismo tiempo, estas medidas favorecen a un negocio ilícito que aún no se ha topado con la mano dura del Ejecutivo.
El pasado jueves, Los Tiempos organizó un webinario denominado «Sobrerregulación impositiva al sector privado», en el que el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, y la asesora legal de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Natalia Claure, conversaron sobre tres de estas normas cuestionadas por los privados.
Éstas son: el Decreto Supremo 4794, que restringe el uso de gas de las industrias para generar su propia electricidad; la modificación al Presupuesto General del Estado, que prevé ampliar el rango de alícuotas para la venta de bebidas, y la Ley de Restitución de Derechos Laborales 1468.
Laredo indicó que estas nuevas regulaciones afectan a los empresarios desde distintos bandos que pueden generar el riesgo de perder competitividad, reducir ingresos, cerrar negocios y despedir empleados. Sin embargo, las acciones adoptadas por el Ejecutivo para cortar el contrabando no han sido tan decididas ni efectivas.
«El contrabando florece en las ciudades, lo vemos todos los días. Si los precios suben en la industria nacional, la gente obviamente que se irá al contrabando», dijo.
El empresario cuestionó el afán del Gobierno por justificar estas medidas que por lo general apuntan a elevar las recaudaciones para las arcas públicas, pero no se note el mismo esmero para cerrar el lucrativo negocio de importar ilegalmente bienes del extranjero.
Uno de los efectos «positivos» del contrabando es que baja la inflación, pero a la larga destruye la industria nacional, añadió Laredo.
Restricción del gas
El 7 de septiembre se promulgó el DS 4794 y despertó los reclamos del sector privado, que anunció un incremento en los costos de producción que en última instancia serían transferidos al consumidor final, y, por ende, beneficiaria al contrabando.
La asesora legal de la Cadexco, Natalia Claure, señaló que la medida genera preocupación de que se pierda competitividad y es contraria a la Constitución (art. 367) que manda prior izar el mercado interno en vez del externo.
En su criterio, se debería hacer una proyección del tiempo que durará el gas natural y ver «si hay o no excedente».
Laredo señaló que conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN) elevará los costos de consumo de electricidad entre un 30 y 40 por ciento, lo cual sin duda será transferido al consumidor final.
Según él, se debería tener un «precio preferencial» en el consumo de electricidad para las industrias.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, informó anteriormente que el sector industrial ya gozaba de un precio más bajo en el consumo de electricidad que el sector doméstico. «Todos nosotros pagamos más que el sector industrial», señaló la autoridad.
Asimismo, en cuanto a la lucha contra el contrabando, el Ejecutivo ha resaltado el mayor número de operativos y de incautaciones que en años pasados. No obstante, aún no se ha decidido a luchar contra este ilícito dentro las ciudades.
Rango de alícuotas
Con relación a la ampliación del rango de las alícuotas para la categoría de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, Laredo dijo que, si bien el Gobierno manifestó que esto no afectará a la industria nacional, sino a las bebidas importadas, esta promesa no está por escrito. En ese sentido, nada garantizaría que la industria boliviana no sea afectada en el futuro.
Restitución laboral
Con relación a la Ley 1468, Laredo dijo que, en vez de promover la profesionalización y tecnificación del recurso humano, se promueve el personal «ocioso», seguro de que no será removido de su puesto. Esto espanta, una vez más, la inversión externa e interna.
Claure concluyó que, con esta y otras normas, se genera el riesgo de que el sector privado formal se vuelva al mercado informal de forma paulatina. Este sector ya representa más del 80 por ciento de las fuentes de empleo en el país.
Los Tiempos
