Luego de una reunión entre el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, con representantes del Gobierno se acordó, según información divulgada por el representante del ente empresarial, suspender la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado de la gestión 2025.
“Ambas partes hemos acordado que la disposición séptima no se va aplicar en tanto que el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo para solucionar los temas de especulación, contrabando, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, dijo el titular de los empresarios.
Aproximadamente a las 9:00 de este martes, el Gobierno y el empresariado privado instaló una nueva reunión para dialogar sobre la polémica disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que tiene “la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Ortuño señaló que el paro de actividades perjudica a la población, a las empresas y la economía del sector.
“La CEPB respeta mucho a las diversas instituciones y sus estrategias para lograr sus objetivos. Sin embargo, no propicia paros y no puede estar de acuerdo con estos ya que afectan a la población, las empresa y la economía”, agregó.
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