Los gobernantes de Bolivia, a la fecha, no cumplen con las recomendaciones de organismos internacionales, entre ellas la de la primera visita in loco del 12 al 17 de noviembre de 2006, oportunidad en que se identificó el hacinamiento carcelario, el uso excesivo de la detención preventiva, falta de transparencia en los procesos de designación de las altas autoridades judiciales, entre otros. Estas observaciones y recomendaciones quedan en nada, sostienen analistas y políticos.
“La CIDH no tiene la fuerza necesaria para obligar a un estado al cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales. La CIDH, por ejemplo, en relación al Estado boliviano, se ha convertido en un factor de retórica para el pronunciamiento del respeto y derechos de garantías constitucionales; sin embargo, no hemos visto una posición fuerte frente a las violaciones de los derechos y garantías constitucionales”, sostiene el legista Eusebio Vera.
Recomendaciones
En junio de 2007, la CIDH presentó el informe de su visita in loco a Bolivia “Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”, en el que recomienda un mayor presupuesto para la justicia, cumplir la carrera judicial y transparencia en procesos de designación de altas autoridades judiciales; mientras que observa la excesiva aplicación de la detención preventiva, retraso procesal y sobrepoblación carcelaria, entre otros.
“Lamentablemente todas las recomendaciones de la CIDH, otros organismos internacionales quedan en nada. Además, los problemas de la justicia, de la persecución, de la falta de institucionalidad, el abuso de poder los tenemos que resolver entre los bolivianos”, señala el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas.
Agregó que “el Gobierno no va a hacer caso ni a unos ni a otros, el Gobierno sólo va a responder en la medida en que los bolivianos alcemos la voz, interpelemos al Estado”.
Autoridades judiciales
Los analistas refieren que se planteó no sólo en esa visita in loco, también otros actores como el relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, sobre la designación de los altos cargos judiciales, pero se ve que no hay intención de modificar.
“Si bien no existe un modelo universal de procesos de selección y designación, es esencial que en estos procesos no sean los criterios ni las consideraciones de índole político los que prevalezcan”, dijo el jurista Ramiro Orías.
Recomendación
– Garantice que las autoridades judiciales apliquen la medida cautelar de detención preventiva motivadamente y de conformidad con los estándares internacionales esbozados en la sección respectiva, y que los procesados tengan a su disposición un recurso judicial para impugnar los excesivos plazos bajo dicha medida.
– Adopte las medidas judiciales y de otra índole, requeridas para corregir su excesiva aplicación y el retraso procesal que persiste en la administración de justicia. Debe incluirse que todo detenido sin sentenciado dentro de un plazo razonable sea puesto en libertad.
Los Tiempos
