Entre las gestiones 2020 y en lo que va de este 2023, al menos 176 efectivos de la policía que cumplen funciones en los recintos carcelarios del país fueron derivados a la justicia ordinaria y a instancias disciplinarias por faltas en su labor, según el informe de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. En ese lapso de tiempo, 28 uniformados fueron dados de baja.
“27 servidores policiales que cumplían funciones en cárceles del país fueron puestos a disposición de la justicia penal y 149 policías a disposición de la instancia disciplinaria institucional, siendo sancionados 28 servidores con la baja definitiva y el retiro temporal de la institución, encontrándose los otros casos aún en proceso”, señala un informe de dicha instancia policial, según ANF.
Asimismo, se señala que esas acciones se enmarcan en la política que se sigue para reducir los hechos irregulares y delitos cometidos por funcionarios policiales.
“La decidida acción del mando superior ha permitido una disminución considerable en el último tiempo de la participación de servidores policiales en acciones delictivas y faltas disciplinarias”, se lee en el reporte remitido al medio de comunicación.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la dirección de Seguridad Penitenciaria, efectivos policiales siguen implicados en casos de corrupción en los penales, según denuncias de lo privados de libertad y sus familiares.
El director de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero, afirmó que las autoridades policiales están “conscientes” en que deben mejorar día a día, por lo que toman las “críticas con reflexión y de forma proactiva”.
“Nuestra labor continuará con firmeza, solvencia, transparencia, especialidad y técnica”, enfatiza el coronel y destaca que, en relación a otros países, Bolivia “cuenta con los recintos penitenciarios más seguros de la región”, en el entendido que “preservar la seguridad de los privados libertad y de la población en su conjunto debe ser una absoluta prioridad”.
Página Siete
