El abogado Pablo Marcelo Gamarra Gutiérrez fue enviado con detención preventiva de 180 días a la cárcel de Palmasola por el juez noveno de Instrucción en lo Penal, Roberto Arias, tras ser imputado por los delitos de estafa agravada, estelionato, asociación delictuosa y amenazas. El daño suma aproximadamente 16,3 millones de dólares invertidos por bolivianos para la compra de tierras y la instalación de parques ecológicos en Cancún (México).

El hombre pasó al penal de Palmasola después de un proceso de extradición ante los gobiernos de México y de Colombia, ordenado por el juez Roberto Arias.
Pablo Marcelo Gamarra arribó este domingo al aeropuerto Viru Viru bajo estrictas medidas de seguridad de policías de la Interpol procedente de Colombia para responder por la comisión de los delitos de estafa agravada, estelionato, asociación delictuosa y amenazas.
Según la imputación presentada por los fiscales Róger Mariaca y Javier Cordero, el caso se remonta al año 2104 cuando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Felcc y la Fiscalía inician las investigaciones contra varias personas tras recibir la denuncia formal de los afectados.
Las diligencias señalan que el empresario de iniciales M. F. Ch. con la sociedad comercial Inmobiliaria Kintas SRL. inicia negociaciones para la compra de tres fundos rústicos en México con los esposos Gunnar Pareja Ballivián de nacionalidad boliviana y Citlalli Moctezuma Suárez, mexicana con el fin de desarrollar un proyecto para la construcción de parques temáticos ecológicos y parque de diversiones de aire, fuego y agua en Cancún (México).
Es así que se llega a concretar el negocio de compraventa de tierras y se materializa en reuniones en domicilio de M. F. Ch. en Santa Cruz el 19 de noviembre de 2014.
Las diligencias establecen que se llega a la firma de seis contratos por diversos montos de dinero en dólares por la compra de un total de superficie de tierras de 1.245 hectáreas en la suma de $us 21,8 millones. Se cubrió el pago de una parte y quedó el saldo de $us 16,3 millones, monto que no fue pagado ni cumplido de cuerdo a los contratos legales.
Para la Felcc y la Fiscalía se consumó el engaño por parte de una asociación delictiva y en este caso se registra al abogado Pablo Marcelo G.G., como profesional de confianza de los bolivianos para ser destinado a México de manera que realice todos los trámites legales.
Sin embargo, tras las investigaciones se llega a descubrir que todo era una mentira y que no existía el trámite aprobado en los registros legales en México. Y se revela que los afectados habían sido inducidos por el abogado Pablo Marcelo G.G., a pagar grandes cantidades de dinero a diferentes empresas por servicio inexistentes para supuestamente desarrollar el proyecto de los tres parques.
El asesor legal tenía conocimiento de que el trámite de titulación de las tierras había sido rechazado en México, pero actuó de mala fe, y no informó nada.
El extraditado niega todo La Fiscalía en el caso también imputó a Citlalli Moctezuma Suárez, a Marcela G.F.B, Franco B., a Gustavo S. V. y María Lourdes V. de C., que de acuerdo a investigaciones fugaron al exterior.
Durante la audiencia, el juez Roberto Arias, dio la palabra al abogado Pablo Marcelo G.G., para que haga uso de su derecho a la defensa material.
Entonces, el imputado negó la comisión de los hechos, dijo que jamás cometió delito y al contrario sostuvo que fue él mismo quien impulsó su extradición, desde Colombia a Bolivia para someterse ante la justicia.
De acuerdo con información que se refleja en la página web de la empresa, el parque que desarrollaron en Santa Cruz demandó una inversión de $us 30 millones y tienen proyectos en Brasil y México.
El Deber