De forma inédita, un amplio espectro de partidos políticos en España, incluyendo a los socialistas en el poder, se muestran a favor de investigar los abusos sexuales a menores por parte de religiosos, mientras la Iglesia mantiene su opacidad.
Hasta ahora, en España no ha existido una investigación oficial, ni del Estado ni de la Iglesia católica, sobre presuntos delitos de pederastia cometidos por religiosos, como sí ocurrió en países como Australia, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Francia.
Sin estadísticas oficiales, el diario El País abrió un buzón en 2018 y hasta ahora ha contabilizado 1.246 víctimas. La Iglesia reconoce sólo 220 casos desde 2001.
Pero la situación podría cambiar en este país de fuerte tradición católica y donde más de 1,5 millones de niños estudian en una de las 2.500 escuelas católicas existentes, según datos de 2020 de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
El Congreso de los Diputados admitió ayer a trámite una solicitud de Podemos, aliado minoritario de los socialistas en la coalición de gobierno, y de dos partidos independentistas de izquierda, el catalán ERC y el vasco EH Bildu, para abrir una investigación parlamentaria.
“No decimos que no”, aseveró el jueves el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, refiriéndose al apoyo que su partido podría dar y que sería clave para que la iniciativa se materialice cuando llegue en una próxima fecha aún por determinar al pleno del Congreso, donde tendría que recibir una mayoría simple de síes.
Ese mismo día, Sánchez dio un inusual apoyo público a una víctima, el escritor catalán Alejandro Palomas, quien denunció por primera vez que a mediados de los 70, a sus 8 años, fue víctima de abusos por parte de un religioso, en un colegio católico.
Esa propuesta la lanzó el Partido Nacionalista Vasco (PNV), otra formación que suele votar junto al Gobierno, minoritario en el Congreso.
Descartan una pesquisa general
La Conferencia Episcopal descarta impulsar “de manera proactiva un programa de investigación general” de los abusos, según señaló su secretario general el año pasado. No obstante, afirma haber instaurado protocolos de actuación ante abusos y de formación para las personas que trabajan con jóvenes, así como haber instalado oficinas de prevención y atención a víctimas.
También ha pagado indemnizaciones, pero las víctimas critican la opacidad de los criterios. En diciembre pasado, el Vaticano inició indagaciones luego de que El País le hiciera llegar un dossier con 251 casos de presunta pederastia entre 1948 y 2018.
AFP
