Paulo Abrāo, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su apoyo al Gobierno nacional en sus intentos por desmantelar a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). El jurista calificó a dicha agrupación como “grupo criminal” y los señaló como corresponsables de la violencia durante el “golpe de 2019”.
“La Resistencia Juvenil Cochala (RJC) es grupo armado paramilitar, grupo criminal corresponsable por las masacres y violencia generalizada del golpe de 2019. Excelente ejemplo del gobierno Bolivia que da cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y del GIEI para desmantelarlo”, escribió en sus redes sociales.
Sus palabras responden a un comunicado del Ministerio de Gobierno, en el que informa que la justicia presentó la acusación formal en contra de los integrantes de la RJC, por los destrozos en la sede de la Fiscalía General del Estado de Sucre, en 2020. Se espera que el 6 de junio inicie el juicio oral, en el que pedirán la pena de 20 años de cárcel.
Ante dicha solicitud, la alianza política Creemos convocó a cívicos, partidos de oposición y población en general a impedir la vulneración de los derechos humanos de los acusados.
“La RJC fue parte de la movilización nacional democrática contra el fraude del MAS. No es responsable de ningún delito y más bien ayudó a parar el fraude masista y a resguardar la democracia. Instamos a movimiento cívico, a los partidos de la oposición democrática, a los ciudadanos de toda Bolivia, respaldar a los jóvenes de la RJC, para impedir que se consume un atropello contra su libertad y sus derechos constitucionales”, se lee en el comunicado.
Página Siete
