La Fiscalía General de Estado (FGE) desplazó sus mecanismos de investigación y persecución del delito en la ciudad cruceña y advirtió que no tolerará que, con el argumento del paro cívico por el Censo, se cometan ilícitos en el departamento de Santa Cruz.
El secretario general de la FGE, Edwin Quispe, exhortó a las autoridades regionales y a la Policía a poner orden en esa región del país.
“Nuestra Constitución Política del Estado fomenta una cultura de paz, una cultura democrática, no es tolerable que con el fundamento del reclamo de un derecho se estén cometiendo ilícitos”, recalcó la autoridad fiscal en conferencia de prensa.
Desde el inicio del paro cívico indefinido tres hombres perdieron la vida en hechos vinculados a la medida extrema que promueve el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, entre otros.
Ahora la Fiscalía desplegó sus “mecanismos de investigación y persecución” para identificar a los autores de los hechos delictivos que consternaron a la población.
La primera pérdida de vida humana sucedió el 22 de octubre, durante el primer día del paro cívico. Julio Pablo Taborga de 47 años murió tras ser golpeado brutalmente por un grupo violento, afín a los cívicos, que llegó hasta ese municipio fronterizo de Puerto Quijarro.
La segunda víctima fatal fue Eduardo Arancibia, de 22 años, un motociclista que salió a trabajar y que durante la madrugada del miércoles impactó con un cable que estaba instalado para bloquear el paso vehicular en el barrio Tres Lagunas.
El choque con el cable ocasionó un corte profundo en la garganta que desencadenó en su muerte, dejando a dos menores en la orfandad.
La tercera víctima es un joven que fue atacado en el barrio Latino. Según los testigos, los criminales apuñalaron y le extirparon el corazón a José E. S., de 28 años. Otro joven quedó malherido y fue internado en un hospital con diagnóstico reservado.
En este ambiente de delincuencia, denunciaron también que una joven fue víctima de violación grupal, el caso es investigado como prioridad.
Quispe exhortó a la población a garantizar los derechos de las personas que no están en protesta, y que se respete el derecho a la vida, a la integridad, entre otros.
“No puede ser que so pretexto del reclamo se dé el contexto para la comisión de semejantes delitos”, reprochó.
ABI
