La Fiscalía General del Estado abrió una investigación preliminar por la denuncia de corrupción contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, acusado por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por importar diésel y gasolina con sobredemanda y con sobreprecio, mediante compras directas y sin licitaciones. La querella fue presentada por los exministros del gobierno de Evo Morales, Teresa Morales y Carlos Romero.
En el marco de este proceso de investigación abierto, los denunciantes piden que también se investigue a otros 14 funcionarios de la estatal petrolera, entre ellos a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora. Pero, además de ello, solicitan indagar los movimientos financieros de los amigos, familiares y allegados de dichos funcionarios.
En una revisión que Página Siete hizo ayer en la Contraloría General del Estado, se constató que Arce Mosqueira es funcionario de YPFB desde el 7 de octubre de 2021, cuando declaró un total de 230 mil bolivianos en rentas recibidas.
Sobre la denuncia admitida por la Fiscalía, la exministra Morales dijo que se presentó toda la documentación del caso. “Toda esta documentación ha sido entregada en Fiscalía y finalmente queremos anunciar que la Fiscalía ha dado por aceptada la denuncia que le hemos presentado”, declaró.
Sobredemanda y sobreprecio
Los denunciantes informaron que de acuerdo con sus investigaciones previas, antes de hacer la denuncia oficial, hicieron dos hipótesis sobre dos montos millonarios de pérdidas que habría tenido el Estado por la importación de estos carburantes.
En la primera, Romero y Morales dijeron que se basaron en la información estadística del INE sobre importación de combustible diésel y gasolina. Da un monto de 1.600 millones de dólares de importaciones de esos combustibles en exceso.
“Eso quiere decir que, innecesariamente, el parque automotor y el consumo boliviano no ha crecido más que al 7 % cada año, exagerando 10%, pero ellos han importado seis o siete veces más de eso. Esta demasía calculada por nosotros en montos es al menos 1.600 millones de dólares, sin contar el dato de la subvención, si fuera con subvención, son 2.200 millones de dólares”, explicó Morales.
Además de ese punto, mencionó que no sólo YPFB importa diésel, sino que lo hace la empresa minera San Cristóbal, que opera en el suroeste potosino. Según Morales y Romero, acudieron a la Aduana para verificar que la minera, que adquiere su propio diésel de los mismos proveedores de YPFB, lo hace con un 30 o 40% menos del precio que se le cobró a la empresa estatal petrolera. Es decir, que la compañía privada compra el mismo tipo de diésel al que accede YPFB, pero que es mucho más barato.
“Hay un 30% de diferencia en cada mes de operación. El mismo diésel, con la misma marca, la misma calidad, del mismo puerto, pero un cisterna importado por San Cristóbal cuesta de 25 a 30% más barato que un cisterna que pasa (a Bolivia) el mismo día, por la misma frontera para YPFB. Y haciendo la suma de varios meses, resulta que son 750 millones de dólares sólo en diferencia”, dijo Morales.
¿Quiénes serían los beneficiados?, preguntaron los periodistas. Los denunciantes apuntan a los funcionarios de YPFB.
“Es lo que llamamos coima. La coima va a la empresa y al que recibe la coima. La pregunta es ¿quién recibe la coima? El que ha hecho el contrato y los que le han ayudado a aprobar el contrato, desde el que hace la resolución eliminando la licitación, pasando por los que hacen el contrato, los que firman, los que autorizan. Es una cadena de funcionarios, por eso hemos dicho que es una megacorrupción de funcionarios de YPFB y la corporación”, dijo Morales.
“¿Quién recibe la coima? El que ha hecho el contrato y los que han ayudado a aprobar el contrato. Es una megacorrupción”.
Teresa Morales
“Nos están robando en una cantidad tan grande que va a perjudicar el futuro de los 11 millones de bolivianos y el de nuestros hijos”.
Teresa Morales
Piden indagar actos financieros de 15 funcionarios de YPFB
Carlos Romero precisó que en relación a los funcionarios investigados en YPFB se pedirán las últimas seis declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado, los registros en Derechos Reales para verificar la cantidad de sus bienes, el estado de sus cuentas y movimientos bancarios ante la ASFI, registros ante el RUAT, la triangulación de llamadas, el pago de impuestos de vehículos de los investigados y de sus allegados. En la lista están Armin Dorgathen, Luis Marcelo Arce Mosqueira, Álvaro Roca, Dani Roca, Arturo José Selaya Galvis, Ariel Ernesto Montaño Rojas, Denis Gonzales Vásquez, Julio César Gandarillas, Carlos Rafael Soleto, Juan Carlos Huanca, Félix Abraham Cruz Daca, Laura Chura, Luciano Montellano Abasto, Omar Alarcón Saigua y Miguel Ángel Colque Pacheco. Esta lista fue proporcionada por Romero, quien dijo que incluirán a otras personas.
Teresa Morales enfatizó que se pedirá a la UIF “un informe en detalle de qué personas han operado financieramente en sus cuentas, no sólo de las personas de la lista, sino las de sus familiares, amigos y allegados”.
Página Siete
