La Fiscalía repuso la imputación por agresiones y lesiones graves contra el dirigente César Apaza, por un hecho que se habría producido supuestamente en contra de una policía cuando el cocalero fue aprehendido en 2022, reportó ANF.
La acción se da después de que la justicia anulara una resolución de imputación relacionada con esa causa y tras que la Defensoría del Pueblo concluyera que Apaza sufrió “trato cruel y degradante” cuando fue arrestado.
“La fiscalía se ha autolimitado a investigar estos hechos de tortura de César Apaza y simple y llanamente se extiende a admitir procesos en los cuales es denunciado César Apaza, ese es el accionar que tiene, prácticamente a la fiscalía poco o nada le importa los informes que se emitan desde la Defensoría del Pueblo”, dijo la abogada Evelyn Cossío.
A fines de marzo de este año se conoció que Apaza fue imputado por presuntamente lesionar a una mujer policía cuando fue aprehendido el 22 de septiembre de 2022. Sin embargo, el juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal determinó anular la resolución de imputación por carecer de bases objetivas.
La nueva imputación contra el cocalero se da no sólo pese a esa decisión judicial, sino también se conoce once días después de que se hiciera público que la Defensoría del Pueblo concluyó en un informe que Apaza sufrió “trato cruel y degradante” cuando fue aprehendido.
“La Defensoría del Pueblo concluye que las lesiones que sufrió Julio Cesar Apaza Tintaya son producto de la intervención policial al momento de su aprehensión y durante su traslado y permanencia en instalaciones de la Felcc de La Paz, y que los hechos ocurridos configuran los elementos de trato cruel y degradante establecidos en la normativa y jurisprudencia internacional y nacional”, señala la Resolución Defensorial DP/SSP/RD/2023/02, emitida el 11 de mayo.
Esa entidad estatal, en ese contexto, solicitó procesar al fiscal del caso porque no investigó la presunta tortura que sufrió Apaza. “El Estado está incumpliendo su obligación de investigar una denuncia de tortura, siendo que el fiscal Carmelo Laura Yujra no realizó ninguna acción que posibilite que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar el hecho, a pesar de las cinco oportunidades donde se le instó a que cumpla con la obligación estatal de investigar un hecho de presunta tortura”, indica el documento.
Página Siete
