“En un principio tenía mis dudas, pero, con toda la información que ha estado saliendo en las últimas semanas, ya me ha entrado el miedo, ojalá que el Gobierno no nos deje sin jubilación”, expresó Carlos Medina, un afiliado a una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Aportantes a las AFP señalan sentir miedo ante el inminente traspaso de la administración de los fondos de pensiones a la Gestora Pública a partir de mayo de 2023.
En pasadas semanas, al menos cinco sectores laborales, mineros asalariados, mineros cooperativistas, maestros, médicos y fabriles expresaron su desconfianza hacia la administración estatal de los fondos de pensiones, actualmente administrados por las AFP y que suman cerca de 23.000 millones de dólares.
“El Gobierno no nos da certidumbre sobre lo que va a pasar con nuestros aportes, si se los van a agarrar para abrir nuevas empresas de las que nadie sabe nada o se lo van a voltear, como ya pasó en el pasado”, explicó Jonathan Quispe, otro aportante de las AFP.
En septiembre pasado, Página Siete realizó un sondeo entre afiliados a las dos AFP que operan en el país (BBVA Previsión y Futuro de Bolivia) sobre sus expectativas acerca de la puesta en marcha de la Gestora Pública como el único administrador de los fondos de pensiones.
En ese entonces, los entrevistados señalaron sentir desconfianza y temían que se produjera una mayor burocracia en la prestación de servicios; sin embargo, luego de las protestas contra la administración estatal de las pensiones, los afiliados señalan sentir miedo.
“Cuando uno ve a sectores que son afines al Gobierno protestar y pedir no ser parte de la Gestora, a uno le entra miedo y se empieza a hacer preguntas: ¿Será que de verdad nos van a desplumar y dejar sin jubilación?”, expresó.
En una encuesta recientemente publicada por la empresa Diagnosis, realizada el 15 y 16 de octubre a 1.800 personas, entre hombres y mujeres de los nueve departamentos, reflejó que el 63% de los consultados considera que habrá corrupción en la Gestora Pública, una vez que el Estado se haga cargo de los fondos de pensiones.
Asimismo, la encuesta reveló que el 52% de los consultados prefiere una administración privada de los fondos previsionales, mientras que sólo el 26% aboga por la Gestora Pública.
La encuesta además reveló que ni siquiera los sectores sociales afines al Gobierno actual creen en la idoneidad de la Gestora Pública para garantizar una jubilación digna.
Las razones del temor
De acuerdo con las personas consultadas por Página Siete, el elemento que levanta más sospechas sobre el trabajo que realizará la Gestora es la falta de fiscalización que existe entre dependencias estatales.
“El Gobierno habla de ‘candados’ y asegura que habrá un control estricto de lo que se hará con nuestro dinero, pero ya hemos visto eso antes, el Gobierno no regula a sus propias empresas, eso pasa con Boliviana de Aviación (BOA) y con Entel; no hay caso de quejarse, siempre se desestiman las denuncias”, señaló Carla Jemio, otra afiliada a las AFP que realizaba un trámite la mañana de ayer.
Jemio señala que, además, no confía en que el mayor deudor de los fondos de pensiones se haga cargo de administrarlos.
“Yo no sabía que el Estado ya le debía a las AFP tanta plata, dicen que son inversiones, pero por ahí al final deciden no pagar. ¿Qué pasará con nosotros si hacen eso?”, expresó.
Desinformación
Otra de las causas del miedo, señalaron los entrevistados, es la falta de información clara y precisa sobre las labores que llevará a cabo la Gestora y sobre qué pasará cuando las AFP hayan dejado el país.
“Uno ve de todo en las redes, en la televisión y en otros medios, todos tienen una opinión y es difícil diferenciar cuál es la real”, expresó la aportante.
Jemio dijo que, por ejemplo, en algunos grupos de WhatsApp se comparten noticias que señalan que las AFP se irán llevándose todo el dinero y que los afiliados a BBVA Previsión perdieron sus aportes a raíz del laudo arbitral que ganó frente al Estado boliviano o que la Gestora hará préstamos a funcionarios públicos sin garantías. “No sabemos a quién creer y eso asusta”, agregó.
Posible conflicto de interés en la Gestora
Conflicto La Fundación Milenio señala que una de las principales razones para la desconfianza hacia la Gestora proviene del hecho de que el Estado, el principal deudor de los fondos de pensiones, ahora pasará a ser su administrador y fiscalizador.
Autoridad Milenio agrega que las posibilidades de un conflicto de interés se agravan aún más por cuanto la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), que debe supervisar, fiscalizar, controlar y regular a la Gestora, es también un brazo operativo del Ministerio de Economía.
Riesgo Milenio señala que un sistema con tales anomalías no puede menos que generar dudas y desconfianza, por lo que todo indica que los trabajadores que se oponen al traspaso de sus aportes “han captado ese riesgo de conflicto de interés y son conscientes de los peligros para la administración de sus ahorros”.
Página Siete
