Javier está confundido porque desconoce el destino y el uso que se le dan a sus aportes. Tiene muchas inquietudes. Hace unos días se enteró que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, dependiente del Estado, administra los aportes en remplazo de las AFP, causándole mayor preocupación.
Trabaja desde hace 15 años en una industria dedicada a la fabricación e importación de puertas de madera, pero aporta a su jubilación desde hace ocho años. Siempre tuvo dudas sobre la administración de sus aportes, pero esas inquietudes ahora se transformaron en temor y desconfianza porque el Estado se hace cargo de sus aportes.
“Una vez que entré en planilla me hicieron el descuento automático de mi sueldo para mi jubilación. Aporto por obligación. No sé ni cuánto tengo acumulado. Ahora que me digan que el Gobierno se hace cargo me preocupa y me genera muchas dudas porque pueden embolsillarse el dinero”, se lamenta.
El caso de Javier no es aislado. Página Siete consultó a profesionales de diferentes áreas y a dirigentes de diversos sectores laborales para conocer las principales inquietudes sobre la Gestora Pública que administra los aportes de los trabajadores, desde septiembre de 2022.
Las personas consultadas piden claridad y mayor información; se preguntan cómo y en qué invertirán sus contribuciones, qué cambios y diferencias hay con el cambio de dirección, qué nuevos beneficios obtendrán, qué hacen o cuál es el destino de esos recursos, si es posible reducir la edad de jubilación o si existe la posibilidad de jubilarse con el 100% de sus aportes al igual que los militares, entre otras incógnitas.
Claridad e información
Andrés Huayta, profesor y exdirigente sindical de los maestros rurales, consideró que la Gestora debe mejorar los canales de información para que exista transparencia en el manejo de esos recursos.
“La Gestora debe explicar y publicar boletines informativos totalmente claros de cuáles son las ventajas que tendrá el jubilado, el trabajador que tendrá seguro. Es importante que sea transparente en el manejo”, dice Huayta. Para el periodista Ulises Cabrera deberían informar sobre los beneficios y desventajas del cambio de administración de las AFP a la Gestora Pública.
“Honestamente desconozco cuáles van a ser las funciones (de la Gestora), si vamos a tener los mismos beneficios, si hay alguna desventaja (por el cambio de administración) o dónde podemos reclamar en ciertos casos. Creo que es una prioridad estar mejor informado en este tema. Uno se confía en que aporta y se asegura su jubilación”, comentó.
La profesora Nardy Velasco también expone sus dudas. “¿Quién controla la administración de la Gestora? ¿Por qué se hizo ese cambio de las AFP a la Gestora? ¿En qué beneficia al sector asalariado?”.
¿En qué invertirán?
“Cómo se va a invertir? ¿En qué se invertirá? ¿Cuáles son las ganancias y cómo esas ganancias serán manejadas en beneficio de los jubilados? Pedimos que las miserables rentas que reciben nuestros compañeros suban producto de la rentabilidad y las ganancias de las inversiones que se hacen de los aportes”, cuestiona y propone Huayta.
Los trabajadores fabriles se cuestionan sobre el destino de los aportes y a quiénes o a qué sectores están beneficiando. “Queremos que nuestros dinero sea manejado transparentemente. No sabemos con exactitud pero parece que con nuestros aportes se está financiando a los empresarios privados y las ganancias no están yendo a los trabajadores”, alertó Mario Segundo, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia.
El secretario ejecutivo de los trabajadores en salud de La Paz, Édgar Cabrera, indicó que durante una socialización de los representantes de la Gestora, en diciembre de 2022, los aportantes consultaron cómo y dónde invertirán los recursos, pero no aclararon sus dudas. “Les hemos preguntado en qué van a invertir, pero nada está claro; por eso queremos participación en la administración”, sostuvo.
Más dudas
Las interrogantes sobre el sistema y funcionamiento de la administradora de pensiones surgen de sectores laborales. Hay quienes desconocen estos cambios, se preguntan si es obligatorio la migración de sus datos y contribuciones o qué pasará con aquellas personas que dejaron de aportar hace varios años.
“Tengo entendido que las AFP van a pasar a la Gestora, pero creo que no es obligatorio, que es dependiendo de cada trabajador. Aunque confieso que no conozco mucho del tema y por eso me surgen muchas dudas. ¿Es obligatorio pasar de la AFP a la Gestora o puedo continuar donde vea conveniente? ¿El dinero de los aportantes es una forma de salvar la difícil situación que atraviesa el país actualmente y en un futuro? ¿En qué me benefician estos cambios? ¿Obtendré beneficio extra por mis aportes?”, se cuestionó Inti Gómez, comunicador de profesión.
“La verdad, no sé nada sobre el destino o el futuro de lo que aporté. Iré actualizándome e informándome”, adelanta David Flores, empresario independiente. “Aportaba a las AFP Previsión por cinco años, pero desde hace seis años que ya no lo hago. ¿Perdí ese dinero? ¿Puedo reiniciar los pagos? ¿Con cuánto me podría jubilar?”, se preguntó la consultora independiente María del Carmen Alarcón.
La Gestora
En septiembre de 2022, después de una década de la creación de la Ley de Pensiones 065, la Gestora Pública inició operaciones con el registro de nuevos afiliados. Con este cambio, el Estado está a cargo de la administración del Sistema de Pensiones pese a la desconfianza y malas experiencias del pasado.
La Gestora reemplaza a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP Futuro y AFP Previsión) y hasta mayo de 2023 todos los datos de los aportantes inscritos en cualquiera de los dos fondos deberán migrar automáticamente a la Gestora.
Luego del inicio de operaciones de la nueva administración y ante la desconfianza ciudadana, el Gobierno emprendió una campaña informativa y socializaciones destacando las bondades del nuevo sistema; sin embargo, no llegó a todos los sectores y las dudas e incógnitas persisten. Respecto a la inversión de los fondos, se hizo público que durante la administración de las AFP, el Estado pidió prestado aproximadamente 70.000 millones de bolivianos, los cuales habrían sido destinados a instituciones estatales.
El gerente de la Gestora, Jaime Durán, respondió a esa inquietud, el año pasado, al asegurar que es “adecuado” invertir en el Estado, que las AFP lo hacían hace 20 años y que el Gobierno devolvió el dinero con los rendimientos correspondientes y por ello seguirán con esa política.
“En los últimos 20 años estos recursos se han devuelto a cabalidad en capital, más los rendimientos que tienen”, declaró Durán en ese entonces.
“La Gestora debe explicar y publicar boletines totalmente claros de las ventajas que tendrá el jubilado”.
Andrés Huayta, profesor
“Preguntamos en qué van a invertir, porque nada está claro. Queremos participación en la administración”.
Trabajador Édgar Cabrera
2,5
MILLONES
de asegurados estaban registrados en el Sistema Integral de Pensiones, en la gestión 2021.
Trabajadores exigen administración mixta de los aportes para evitar corrupción
Los diferentes sectores laborales sindicalizados del país como los fabriles, maestros urbanos y rurales, los trabajadores en salud y la Central Obrera Boliviana exigen al Gobierno que la administración de las pensiones sea mixta, o sea, que los trabajadores tengan participación en la dirección de la Gestora.
“Pedimos que en la parte administrativa debe estar representada la clase trabajadora para darle toda la transparencia. Los diferentes sectores muestran desconfianza porque el Estado, en todo este tiempo, como en el gobierno de Evo Morales y Luis Arce, no mostraron solvencia moral en la administración de los recursos económicos; por lo tanto, exigimos que en la parte administrativa debe existir representación laboral porque hay desconfianza en el manejo”, afirmó Andrés Huayta, profesor y exdirigente de los maestros rurales.
Esa propuesta es compartida por los profesores urbanos. “Hay muchas denuncias sobre mal manejo del Estado y eso nos preocupa, porque esos dineros son el ahorro de toda la vida de los trabajadores. Nosotros vamos a estar alertas ante cualquier indicio de mal manejo y proponemos que en la administración de la Gestora Pública sea mixta con 50% de directivos puestos por el Gobierno y el otro 50% esté representado por los trabajadores. Eso es lo justo para garantizar una fiscalización real”, explicó el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos, Patricio Molina Polanco.
La Confederación de Trabajadores Fabriles también busca una administración conjunta para una óptima fiscalización y evitar actos de corrupción. “Queremos ser parte del directorio y que la Ley de Pensiones 065 sea modificada; no es suficiente una jubilación a los 58 años porque como fabriles ganamos desde el mínimo nacional. Queremos una jubilación digna con el aporte del 100% con un aporte tripartito de los trabajadores, el Estado y los empleadores. Esto lo proponemos desde hace años”, indicó el ejecutivo nacional de los fabriles, Mario Segundo.
“Tiene que haber participación de representantes de los trabajadores en la administración, para vigilar los recursos”, coincide Édgar Cabrera, ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud de La Paz.
20.000
MILLONES
de dólares era el total de la cartera de inversiones, hasta 2021, del Sistema Integral de Pensiones.
Página Siete
