Con la narrativa de “sabotaje a la economía boliviana”, el Órgano Ejecutivo decidió eliminar del Proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, dos de las siete disposiciones adicionales, relacionadas a la supervisión de grupos financieros y a la “lucha contra las ganancias ilícitas”.
Analistas del área económica, coincidieron que el Gobierno intenta “meter de contrabando” disposiciones ajenas al objetivo de la ley y más bien pretenden ejercer un mayor control sobre la sociedad civil y contar con mayor disponibilidad de recursos de partidas presupuestarias como de las empresas públicas y de gestores de salud.
El economista Gabriel Espinoza recordó que esta práctica de incluir disposiciones adicionales de carácter administrativo en la Ley del PGE es una costumbre del ahora presidente Luis Arce, pero ahora generó un desorden en el Legislativo que impide su aprobación, ya que se detectó que las normas se empezaron a usar como una herramienta de control político y económico.
“Las disposiciones que ha retirado el Ejecutivo tienen que ver con establecer más mecanismos de control sobre la sociedad civil a partir de lo financiero. Esto es algo que ya se había señalado en febrero, cuando se intentó aprobar la Ley contra las ganancias ilícitas, y la ha tratado de camuflar con la necesidad de mantener el funcionamiento del Gobierno”, advirtió.
Por su parte, el también economista Gonzalo Chávez recordó que en agosto el Senado aprobó la reformulación del PGE 2023, pero eliminando las siete disposiciones adicionales, bajo el argumento de que no hacen a la esencia de la reforma presupuestaria y la política fiscal en curso. Precisó que se armó un “zafarrancho” innecesario porque las disposiciones no son de “vida o muerte” y la ley podía aprobarse sin ellas.
Mencionó que, a pesar de haberse quitado dos disposiciones, las cinco restantes continúan siendo polémicas, como la creación del Fondo de Fomento al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología.
“Creo que es una buena idea, pero no puede estar como un artículo transitorio, eso debería tener su propia ley”, aseveró, a tiempo de considerar que la única disposición que debe aprovecharse para aprobar es la primera, referida a la desburocratización de las modificaciones presupuestarias de los municipios y gobernaciones.
“La modificación de la Ley 317, que autoriza al Ministerio de Economía retirar dinero de los gestores de salud y las empresas públicas muestra que el Estado está raspando la olla, está con hambruna fiscal (…). Darle muchísima libertad al Gobierno, va seguir siendo motivo de polémica”, agregó Chávez.
Para el analista económico, Alberto Bonadona, estas dificultades surgen a raíz de la baja ejecución del PGE: “Es una cuestión que siempre se da porque esperan a fin de año para autorizar todos los gastos y poder utilizar estas reestructuraciones como una forma de colocar los dineros que no se han gastado en lo que quieren las instituciones gubernamentales. Esto es una costumbre terriblemente nociva, pero que se ha hecho a lo largo de la historia de Bolivia”, sostuvo.
Mientras tanto, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, lamentó que el Ejecutivo haya creado la imagen relativa a que la oposición y el “evismo” están en contra del país. “Al Gobierno nacional le conviene que no se gaste (el presupuesto) porque significa que el déficit fiscal va a ser menor, sobre todo, considerando que el 50% de estos recursos va a ser destinado a gastos corrientes, pago de sueldos y salarios, como lo han dicho las propias autoridades municipales y universitarias que están desesperadas y ya en todos los departamentos había amenazas de bloqueos y paros cívicos”, expresó.
De acuerdo con el proyecto de Ley del PGE Reformulado, se adiciona recursos y gastos para las entidades del sector público por un total agregado de Bs 6.455 millones y presupuesto consolidado de Bs 5.421 millones.
Las disposiciones
Primera
Desburocratiza las modificaciones presupuestarias de los municipios y gobernaciones. Modificación al párrafo 1 del artículo 13 de la ley No. 169 de de septiembre de 2011.
Segunda
Obliga a los entes gestores de Salud y empresas públicas a cumplir con sus obligaciones ante el TGN. Se introducen párrafos al artículo 19 de la ley No. 317 de diciembre de 2012.
Tercera
Crea el Fondo de Fomento al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Modifica el párrafo 1 del artículo 5 de la ley No 1493 de 17 de diciembre de 2022.
Cuarta
Regula a las empresas de tecnología financiera y abre las puertas a Bolivia con el comercio electrónico, como plataformas de pago, etc.
Quinta
Asigna recursos a la Procuraduría para cumplir obligaciones en materia de Derechos Humanos. Disposición única a la ley No 1431 de 5 de mayo de 2022.
Las retiradas
Sexta
Permite mejorar el ejercicio de la supervisión consolidada de grupos financieros. Enmienda a la Ley No. 393 de 21 de agosto de 2013.
Séptima
Mejora la transparencia y la lucha contra las ganancias ilícitas a favor de las personas y empresas que denuncien con pruebas este delito.
El Deber
