Se suspendió la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, calificada como “confiscatoria”, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realice la evaluación sobre su constitucionalidad, conforme a lo señalado por el ministro de Justicia, César Siles.
La autoridad anunció que se definirá la convocatoria a un nuevo diálogo de manera bilateral con los sectores movilizados que deseen atender otras peticiones y reconoció que la disposición era el tema central de los debates que se desarrollaron con 13 instituciones, organizaciones, gremiales y empresarios en apronte.
Oxígeno.bo
