Diego Marset, el hermano del uruguayo prófugo acusado de narcotráfico, fue imputado en agosto del año pasado por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, incluso enfrenta un juicio en rebeldía. Según el informe judicial, el hombre intentó suplantar la identidad de un menor de edad fallecido.
La jueza cautelar Ana Gloria Rojas informó ayer, en conferencia de prensa, que la Fiscalía imputó a un hombre que acudió a tramitar un documento con el nombre falso de Adolfo Temo Rea. Durante el procedimiento, el sistema del Servicio General de Identificación Personal (Segip) detectó que la identidad correspondía a un menor de edad fallecido. Sin embargo, el acusado presentó un certificado de nacimiento emitido por el Servicio de Registro Civil (Sereci).
Posteriormente, la Policía y la Fiscalía verificaron que el hombre que intentó suplantar la identidad del menor muerto presentó documentos con el nombre de Geraldo Pedro Ferreira Rosendo Da Silva. El acusado fue remitido a la justicia, según el informe oficial, por la fiscal Lizbeth Saravia Montenegro que lo imputó por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
En la ocasión, la representante del Ministerio Público “solicitó medidas cautelares, es decir la libertad” para Geraldo Pedro Ferreira Da Silva y ante esa situación la jueza Ana Gloria Rojas le otorgó detención domiciliaria, fianza de Bs 5.000, arraigo y firmar un libro cada semana. Sin embargo, el hombre jamás volvió a aparecer y nunca figuró con el nombre de Marset”, afirmó la jueza Rojas en conferencia de prensa.
Asimismo, aclaró que el hombre utilizó nombres ficticios, pero nadie conoció que se trataba del hermano del ahora prófugo Sebastián Marset. Incluso, mencionó que existe una acusación formal para juicio oral en contra de Ferreira Da Silva, quien jamás apareció y está en condición rebeldía.
Reclamo de los jueces
La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz se pronunció ayer para rechazar las presiones que recibe y exigió respeto a la independencia judicial en las investigaciones que se desarrollan por el caso de Sebastián Marset, el narcotraficante de origen uruguayo que escapó de un cerco de la Policía el pasado 29 de julio.
La vocera de los magistrados, Patricia Murillo, dijo que los jueces son garantes y los únicos facultados para emitir ordenes de allanamientos. Lamentó que se pretenda menospreciar la función y hasta calificar de delincuentes a los jueces.
El Deber
