Los impuestos a los juegos de azar y a las promociones empresariales aún están vigentes. Se necesita una ley para su anulación oficial y, al mismo tiempo, defina el destino de la Autoridad del Juego. Pese a que el Gobierno hizo el anuncio, hasta el momento no se conoce ningún cambio en la normativa o la redacción del proyecto de la nueva disposición.
La Ley de Juegos de Lotería y Azar, Nº 060, promulgada el 5 de noviembre de 2010, aprobada en el Gobierno de Evo Morales, dio lugar a la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) y tiene por objeto crear tributos de carácter nacional a estas actividades.
“Sabemos que se hizo un anuncio oficial, pero hasta que no se apruebe una ley (en sentido contrario a lo que señala la Ley 060) en la Asamblea Legislativa, nosotros seguimos con el trabajo de control contra las casas de juego y las promociones empresariales. Entendemos que la mirada política puede ser distinta, pero la población debe saber que, si no cumplen con las autorizaciones pueden ser sancionados. Por fin de año los requerimientos para estas promociones van en aumento y nuestra labor es evitar estafas a los consumidores”, informó a EL DEBER un ejecutivo de la AJ, que pidió no ser identificado para evitar llamadas de atención.
Por otra parte, en oficinas de La Paz, otra funcionaria confirmó a este medio que hasta el momento continúan en su cargo los responsables departamentales, así como el director nacional de la AJ, Marco Antonio Sánchez Vaca, y que el Ministerio de Economía no emitió ninguna instructiva que modifique su rutina de trabajo.
Es más, luego del anuncio que realizó el pasado martes el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sobre la eliminación de cuatro impuestos, entre ellos el aplicado a los juegos de azar, la AJ intervino un local con este tipo de entretenimientos y concedió la autorización a 16 promociones empresariales, que ofertan rebajas en sus productos, viajes, comida rápida y lotes de terreno, entre otros.
Fiscalización
“El cierre de la AJ y la eliminación de esos impuestos se debe realizar necesariamente por medio de una ley. El ministro (Espinoza) anunció que mandarían el proyecto a la Asamblea Legislativa, donde luego del debate, el texto puede sufrir una modificación. A partir de ese punto, conoceremos sus alcances y podremos dar un punto de vista más concreto”, explicó el abogado especialista Mauricio Chiri.
El jurista manifestó que de confirmarse que también se anula el impuesto del 10% a las promociones empresariales, esto beneficiará a los pequeños emprendedores, porque finalmente es una carga económica menos. Sin embargo, alertó que el Estado aún debe normar estas actividades, con el fin de prevenir estafas y engaños al consumidor.
Juegos de azar
En relación a la eliminación del impuesto a los juegos de azar, Chiri manifestó que la determinación se debe al interés del actual Gobierno para atraer inversiones extranjeras. Desde ese punto de vista, es “altamente beneficioso, porque en los países en los que se tienen una regulación clara, genera grandes ingresos. Por ejemplo, en Paraguay, hay programas y proyectos que están destinados a la administración del juego, por medio de los cuales se logra reunir fondos para financiar algunos requerimientos del Estado, como en el área de salud”, sostuvo el especialista.
En su criterio, “no se debe ver al juego como algo malo”, sino que se debe trabajar en su normativa. En esa línea, remarcó que la AJ tiene regulaciones basadas en parámetros internacionales, pero que estas permanecieron en el papel y nunca se implementaron, porque los impuestos eran muy altos (20% para el dueño y 80% para el Estado, aproximadamente) y generaba un malestar al inversionista.
Solo anuncios
En criterio del analista Iván Rada, la eliminación de tributos “que solo atentan contra la población y el emprendimiento siempre es buena señal, aunque un anuncio tan genérico sobre un proyecto de ley todavía no redactado deja muchas dudas sobre su aplicación”.
Rada sostiene que, en el caso de los impuestos a las promociones empresariales y a los juegos de azar, junto a ellos también se debería eliminar a la AJ que fue creada como una oficina burocrática para “controlar” estas actividades “bajo la excusa de cuidar a la población de estafas”, pero que en el fondo solo era otro recaudador de fondos para cubrir los gastos de esa misma burocracia estatal.
Para el analista, desde la aplicación de esos impuestos, las empresas disminuyeron las ofertas, promociones y sorteos por los costos que implican, además de la amenaza de multas en UFVs que afectan incluso a pequeños emprendimientos que hacían rifas solidarias.
“Junto a la abrogación de los impuestos referidos a juegos, deben desaparecer también estas amenazas y esa oficina burocrática (AJ) para dar señales evidentes de que se lucha contra el Estado tranca”, concluyó Rada.
Trámite moroso
En criterio de los usuarios, el pago del 10% del costo del producto, que se da en la promoción empresarial, tiene diferentes perspectivas si se trata, por ejemplo, de una multinacional de telecomunicación o de una vendedora de peluches en el mercado popular.
Por otra parte, aunque se trata de una solicitud gratuita, el moroso trámite es un perjuicio al tiempo de trabajo porque se deben presentar una serie de requisitos y cumplir con la entrega de un “Proyecto de desarrollo de promoción empresarial”.
Ese documento se debe detallar el nombre de la promoción, el periodo de tiempo, la modalidad de premiación, lugar y fecha de la actividad, lugar de la premiación y la descripción de los premios ofertados en dinero o bienes. A lo que se debe añadir la contratación de un Notario de Fe Publica.
El Deber
