Internos del penal de Morros Blancos, Tarija, denunciaron una presunta red de cobros irregulares, extorsiones y abusos operada por funcionarios policiales y avalada, según las cartas firmadas de forma anónima, por el gobernador del recinto, coronel Alexis Alcón.
Las acusaciones, respaldadas por familiares y por el propio capellán del penal, padre Miguel Sotelo, revelan un patrón de exigencias económicas que van desde pagos para ingresar mercadería hasta “multas” para recuperar celulares decomisados en requisas.
Las cartas de los internos, entregadas a EL DEBER, señalan que los encargados de tiendas internas deben cancelar un monto de dinero cada vez que ingresan productos. De no hacerlo, la mercadería simplemente no entra al penal.
Otros reclusos aseguraron que las requisas no se realizan para retirar definitivamente los celulares, sino para amenazar con decomisos y luego exigir dinero para devolverlos. “Si es un celular de baja gama, cobran entre 200 y 300 bolivianos. Si es de alta gama, el pago debe hacerse directamente con el coronel y supera los 1.000 bolivianos”, se lee en una de las cartas.
Cobros y castigos a barrios completos
Una de las denuncias más graves apunta a que, al ingresar al barrio Los Parrales, los policías retienen a los privados de libertad y los conducen directamente a la celda de Jairo D., un interno con sentencia por asesinato, a quien —según las cartas— se usa como “cobrador”.
“Incluso cobran más de 10.000 bolivianos solo por permitirles sacar dinero desde el barrio. Como el delegado de Los Parrales no se presta a estos cobros, el coronel ordenó su destitución y castigó al barrio prohibiendo los pernoctes de las visitas”, señaló un familiar.
Otra denuncia señala que, para autorizar el ingreso de un chancho para el aniversario de un barrio, el coronel Alcón exigió otro chancho para él y su personal.
El padre Miguel Sotelo, capellán de Morros Blancos, confirmó los cobros y apuntó directamente a funcionarios policiales y al gobernador del penal. Señaló que a los privados que ingresan por primera vez le exigen hasta Bs 5.000 por “derecho de piso”.
“Estoy denunciando la extorsión que están haciendo algunos policías, entre ellos el sargento Espejo, pidiendo 3.000, 4.000, hasta 5.000 bolivianos a los privados de libertad que entran por primera vez. Si no pagan, los mandan a la plancha o a Chonchocoro. Esto pasa desde hace años. La cárcel es una mina de dinero para estas autoridades corrompidas”, aseguró EL DEBER.
El sacerdote también entregó a EL DEBER 10 cartas manuscritas de internos que denuncian cobros de Bs 20 a 50 a las visitas, además de montos que oscilan entre Bs 3.000 y 15.000 para acceder a celdas “preferenciales”. Según los internos, estas operaciones se realizan con apoyo de “delegados” que son usados como intermediarios.
Sotelo pidió al nuevo comandante general de la Policía, Mirko Antonio Sokol, que envíe una comisión especializada para investigar.
Gobernador rechaza denuncias
Consultado por EL DEBER, el coronel Alexis Alcón negó todas las acusaciones y afirmó que se trata de “cartas sin firma” y que las denuncias la realizan internos que se ven perjudicados por las requisas que se realizan en la cárcel de Morros Blancos.
“Las denuncias deben hacerlas con nombre y apellido. Son anónimas, buscan incomodar. Nosotros cumplimos todas las disposiciones del Comando General y ya se han hecho cambios internos para evitar conflictos”, sostuvo.
Aseguró haber sostenido reuniones con la Defensoría del Pueblo y señaló que esa institución recibe a diario denuncias, muchas sin sustento. Reconoció que hay molestias por los operativos de requisa que han decomisado bienes ilegales dentro del penal.
“Cuando uno hace lo correcto, vienen las denuncias anónimas para pedir el cambio del director. No hay una denuncia real contra un policía que diga quién cobró y cómo”, enfatizó.
También expresó que pidió su propio cambio para facilitar la investigación y evitar especulaciones.
Según los internos, hace años se firmó un voto resolutivo en contra del mismo gobernador por presuntos actos de corrupción dentro del penal. Para ellos, lo que ocurre hoy prueba que nada cambió.
Mientras tanto, familiares piden garantías para denunciar sin miedo a represalias y exigen que la comisión enviada por el nuevo comandante policial actúe “sin avisar y sin pactos internos”.
El Deber
