El grupo de Juristas Independientes que impulsa la iniciativa ciudadana para la reforma judicial, denunció este lunes los obstáculos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les habría puesto para evitar que se logre la recolección de firmas y se habilite la realización de un referéndum de reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
Entre los obstáculos, los juristas denunciaron retrasos, cambios de las reglas y la negativa de poder usar el sistema biométrico, entre otros.
“Queremos denunciar una serie de obstáculos que venimos recibiendo de parte del OEP (Órgano Electoral Plurinacional). (…) Desde que iniciamos esta cruzada, hemos recibido un conjunto de obstáculos a esta iniciativa, inicialmente por una injustificada demora en la aprobación de la iniciativa y en las preguntas del referéndum”, señaló José Antonio Rivera, abogado constitucionalista y miembro del grupo de Juristas Independientes.
Rivera indicó que la iniciativa fue presentada al OEP el 28 de julio de 2022 y recién el 18 de octubre de ese año se aprobaron las preguntas, con una demora que se traduce en el retraso de todos los plazos, que además fueron afectados por la imposición de otras condiciones y la impugnación de éstas.
“Un segundo obstáculo es que en esa resolución, en la que se nos aprueba a iniciativa y se nos autoriza recoger las firmas, se nos impone un plazo de 90 días que se computa desde la entrega del formato de libros sin considerar el tiempo que tomaba la impresión de los mismos y la consiguiente aprobación del TSE, lo que nos reducía al mínimo el tiempo para la recolección de firmas, obligándonos a tener que impugnar esa decisión planteando enmienda… que recién fue respondida en noviembre”, agregó.
Otro de los obstáculos denunciados por los juristas fue la imposición del requisito de notarización de los libros de firmas, un requisito que solo fue introducido una vez que la iniciativa fue aprobada y que, a su juicio, se incluyó para perjudicarlos, por lo que también fue impugnada, generando otra demora en los plazos.
“Un tercer obstáculo es habernos impuesto un requisito de notarización de los libros con un acta de apertura y un acta de cierre que no estaba previsto en el reglamento vigente. Modificaron ese reglamento para poner este requisito de intervención notarial, desconociendo su propia independencia, aludiendo a otro órgano de poder. Lo grave es que eso nos generaba un costo económico elevado y que era casi imposible de poder cubrir, lo que nos obligó a tener que otra vez impugnar la decisión del OEP para que se restituyese el reglamento y se nos liberara de este requisito, y que la fe pública sea otorgada por un funcionario del OEP, lo que fue respondido en diciembre, restándonos otra vez tiempo”, agregó Rivera.
El cuarto obstáculo que indica Juristas Independientes es la obligación de transcripción de las partidas en un sistema informático, dentro del plazo de 90 días para la recolección de firmas, lo que supone un esfuerzo extra y un costo de aproximadamente 4.500.000 bolivianos.
“Todas las partidas que estamos celebrando en 17 mil libros deben ser transcritas, lo que toma un tiempo y ellos nos exigen hacer esto dentro de los 90 días que nos otorgaron como plazo, lo que nos supone montar un centro de cómputo, contratar personal especializado que genera un alto costo para esta iniciativa, un costo aproximado de 4.500.000 bolivianos que los ciudadanos que estamos promoviendo no estamos en condiciones de cubrir. Ustedes se darán cuenta que esto es un obstáculo al ejercicio de la democracia directa y participativa que si queremos ejercerla tiene que costarnos dinero, cuando eso debería ser cubierto por el Estado”, denunció el jurista independiente.
El representante indicó que pidieron la modificación correspondiente de esa determinación, pero hasta la fecha no recibieron respuesta.
Por su parte, la abogada Kathia Saucedo indicó que el TSE no les permitió utilizar su plataforma biométrica para poder agilizar el registro de las firmas, un mecanismo que sí les permite a los partidos políticos.
“Se nos ha rechazado una solicitud que nosotros hicimos para que nos permitan usar el sistema biométrico, que, sí se les permite a los partidos políticos. La solicitud la hicimos en febrero y un tiempo después se nos niega la solicitud. Esta petición estaba destinada a acortar el tiempo de registro de la partida y por ende lograr mayores registros en el menor tiempo posible”.
Asimismo, los juristas se refirieron a las declaraciones recientes del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, quien en pasados días desahució la iniciativa ciudadana.
“Esto es grave porque es el presidente del TSE el que está ejerciendo tutela sobre este proceso, él está a cargo de este proceso, en esta fase inicial, es él el que nos va a validar los libros (…). Para nosotros han sido impactantes sus declaraciones, podemos esperar esas declaraciones de personeros del Ejecutivo, de otras instancias que no están de acuerdo con nuestra iniciativa, pero no de nuestro arbitro, no del juez electoral que en definitiva dilucida algunos temas que nosotros le planteamos y hemos visto una actitud negativa de un tiempo a esta parte”, indicó Saucedo.
El exalcalde de La Paz y abogado Juan Del Grando indicó que la declaración de Hassenteufel se enmarca en los ataques que vienen recibiendo del Gobierno.
“Estamos frente a una acción del Estado en su conjunto en contra de esta cruzada, está la declaración del presidente del TSE como corolario de este conjunto de obstáculos. A eso se suma, el Ejecutivo en la palabra de un ministro que ha fracasado durante dos años y cuatro meses en la labor de la reforma y que por lo tanto no tiene la más mínima autoridad ni moral ni profesional para descalificar nuestra propuesta”, señaló Del Granado.
Página Siete
