Los miembros de Juristas Independientes demandaron a las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) respetar a los miles de ciudadanos que firman los libros de adhesión a la iniciativa de reforma judicial para, posteriormente, activar sus proyectos para las elecciones judiciales, en caso de que fracase este proceso.

La jurista Kathia Saucedo, parte de este grupo, calificó de apresurado el proyecto que impulsan los políticos en el Legislativo y les demandó hasta el 25 de abril para presentar lo que quieran.
“Estamos en una fase de recolección de firmas que termina el 25 de abril. Los políticos deberían operar con un poco de responsabilidad hacia el ciudadano”, expresó la legista en contacto con un medio televisivo.
Según Saucedo, se ha observado la predisposición de la ciudadanía en apoyar la recolección de firmas, pese a la desinformación que se promueve desde el gobierno y sus afines, por lo que considera que los políticos deben respetar “lo que sucede con la población”.
“Si es que no logramos los 1,5 millones de firmas, el 26 pueden (los políticos) presentar lo que quieran”, aseguró Saucedo.
Recordó que los Juristas Independientes están en una fase de recolección de firmas que vence el 25 de abril.
“Me parece prematuro seguir presentando reglamentos cuando hay un proceso en que el soberano está firmando. Me parece que los políticos deberían operar con un poquito de respeto por la decisión ciudadana, deberían esperar al 25 de abril”, dijo.
Nueva propuesta
En tanto, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, presentó un proyecto de ley de evaluación académica para la preselección de postulantes a los cargos jerárquicos de la justicia.
En los fundamentos de la propuesta se indica que “los ciudadanos NO eligen, solo votan para aprobar una decisión política tomada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que preselecciona a los candidatos con vínculos políticos”.
“Es necesario que la preselección de postulantes sea precedida de una evaluación académica de postulantes por parte de la sociedad académica y civil al margen de la contaminación política y fuera de la Asamblea Legislativa”, se indica en el documento.
En el proyecto de Cuéllar se agrega que “realizada la evaluación académica la nómina será elevada ante la ALP, para que ésta realice la preselección de postulaciones de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional en base a esa nómina, sin que pueda incluir profesionales que no hayan sido evaluados”.
En la propuesta también se establece que esa comisión estará conformada por representantes de las universidades públicas, de los colegios de abogados, de las universidades privadas, de las organizaciones campesinas y de los medios de comunicación. Como veedores del proceso, se sugiere a la Iglesia católica y como fiscalizadores a los parlamentarios.
A la fecha circulan 10 mil libros
La jurista Kathia Saucedo informó que hay diez mil libros circulando, que ya tienen un buen número de firmas y que están trabajando para conseguir el número que se requiere para este “proceso voluntario, que es un proceso legal y constitucional que tiene la aprobación de un filtro estatal”. Para los próximos días, se prevé incorporar otros 5 mil libros, con los que serían los 15 mil requeridos para obtener los 1,5 millones de firmas.
Los Tiempos