La excepción de incompetencia que planteó la defensa de la expresidenta, Jeanine Áñez, respecto de su mandato como jefa de Estado, fue desconocida por la justicia y el juez Heber Torrejón Siñani. Esta decisión abre la puerta para que la exmandataria sea juzgada en proceso ordinario por el caso EBA. La familia de Áñez ya adelantó que el juez cometió prevaricato con esa decisión y puede ser procesado por ese delito.
“Se declara infundada la excepción de incompetencia, en razón a materia impetrada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez. Esta determinación de carácter jurisdiccional no marca estado y es susceptible de apelación», señala la resolución del juez Heber Torrejón. Todo esto significa que se rechaza el pedido de Áñez para ser juzgada en un juicio de responsabilidades, presentado por su defensa. Sin embargo, en esa decisión el juez dice que pueden reclamar, aunque la decisión ya está tomada.
En noviembre de 2021 la Fiscalía imputó a la expresidenta por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones, acusándola de haber designado ilegalmente a su familiar, Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz, como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020, sin que cumpla requisitos para ese cargo.
La defensa de la exmandataria recurrió a todos los recursos legales para demostrar que Áñez debe ser juzgada en juicio de responsabilidades, porque esta designación la realizó cuando ejercía el cargo de presidenta. Los múltiples recursos recorrieron los tribunales de La Paz con resoluciones a favor y en contra de la defensa de Áñez.
La Fiscalía llegó a sugerir que acepte el juicio ordinario a cambio de ser beneficiada con medidas alternativas a la detención preventiva. Dijo que Áñez no presentó ningún documento legal que la acredite como presidenta del Estado y que de ese modo se pueda beneficiar de un juicio de responsabilidades.
El juez Torrejón dijo en audiencia que «la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades»; también manifestó que estos procesos «son para los funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional»; agregó que tampoco presentó ningún respaldo que la acredite como presidenta del Estado; finalmente dijo que desde la Asamblea Plurinacional no existe ninguna resolución que la reconozca como presidenta.
Transparencia
Los abogados del Ministerio de Justicia, Rubén Calle y Daniel Mollo, argumentaron que la exmandataria no puede beneficiarse de un juicio de responsabilidades porque no siguió el procedimiento legislativo para asumir el mando de la nación.
Mollo dijo que al concurrir a una convocatoria del Ministerio Público para que declare sobre este nuevo caso, Áñez y su equipo de abogados reconocieron la legalidad del proceso; aunque la defensa le recordó que hicieron conocer esta ilegalidad en un memorial que está en el cuaderno de investigaciones.
Asimismo, le “recomendó” someterse a un juicio penal ordinario porque tendría mayores posibilidades de defensa legal, pues tiene todos los recursos judiciales a su disposición; también dijo que si el caso va a la Asamblea por un juicio de responsabilidades, esto significaría la impunidad del caso EBA, porque al no existir dos tercios para aprobar el juicio el mismo quedaría estancado en el Órgano Legislativo.
El Deber
