La Paz, 9 de abril de 2023 (ANF).- La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) alerta a la ciudadanía sobre dos intentos de suprimir la libertad de expresión, una facultad humana irrenunciable y garantía de convivencia democrática. De manera coincidente, dos proyectos del oficialismo proponen modificaciones en el Código Penal con el propósito de crear penas máximas de siete años de prisión por supuestos delitos “contra la dignidad” y por promover el racismo, pronunciar discursos de odio o incitar a la violencia.
Las propuestas llegan en momentos en que sectores sociales movilizados presentan demandas al gobierno, reclaman seguridad sobre la administración de los fondos de jubilación, y desde las propias filas del oficialismo se difunden denuncias sobre la importación de carburantes.
Un análisis simple lleva a concluir que existe el interés por restringir las opiniones libres, evitar los reclamos y demandas sobre temas cotidianos e impedir las protestas. De ese modo se buscaría imponer una narrativa oficial y aplicar un castigo a los ciudadanos que la cuestionen.
La ANP fue una de las pocas organizaciones que en septiembre de 2010, advirtió que la inclusión de sanciones a periodistas y medios en una ley contraria al racismo, derivaría en amedrentamiento y autocensura en el trabajo periodístico independiente. En agosto de 2012, un influyente ministro abrió causa contra una agencia de noticias y dos periódicos, por un supuesto delito de promover “odio racial y discriminación”, dice una nota de la ANP.
La alerta de la ANP se cumplió y hoy el proceso judicial aún se halla abierto. Como señala su estatuto de creación, la ANP cumple la tarea fundamental de defender el derecho de los ciudadanos a expresar ideas y opiniones, y exige el cumplimiento de Tratados internacionales, la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta que protegen el trabajo de periodistas y medios.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) se ha pronunciado la pasada semana y ha alertado que se pretende violar la Ley de Imprenta; mientras que el Gobierno afirma que se respeta la libertad de expresión y de prensa, y que la Ley de Imprenta está vigente.
