La crisis en el sistema penitenciario se agrava. En lo que va de 2025 hubo ocho muertes violentas en diferentes cárceles del país, una cifra que casi iguala a las nueve registradas en todo 2024. La Defensoría del Pueblo calificó el incremento de “alarmante” y, en un informe divulgado ayer, advirtió que si no se adoptan medidas contundentes, la violencia podría escalar.
Los asesinatos y hechos de violencia que tuvieron lugar, especialmente en Chonchocoro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz), los dos recintos penitenciarios más grandes de Bolivia, han encendido las alarmas. En respuesta, el Gobierno ha intensificado los controles, ejecutado operativos y ha comenzado a evaluar cambios del personal penitenciario.
“Hemos instruido al comandante general de la Policía que elabore un plan integral de control y seguridad para las cárceles. Se ha dotado de mayor equipamiento tecnológico en los principales penales del país, pero el problema radica en el talento humano. Hay centros donde los controles son insuficientes y necesitamos mayor vigilancia para evitar que sigan ocurriendo estos hechos”, señaló ayer el ministro Eduardo Del Castillo, tras conocer el reporte de los fallecidos.
La Defensoría del Pueblo detalló la relación de los fallecimientos ocurridos este año: El 2 de enero, un recluso murió apuñalado en el penal de Morros Blancos (Tarija), un día después otro interno fue asesinado en Chonchocoro, también con arma blanca. Ese mismo día, un tercer privado de libertad murió en la cárcel de Cerprom de Montero.
El 12 de enero, un feminicidio y posterior suicidio dejó dos fallecidos en Palmasola. Este caso encendió más alertas porque la mujer asesinada estaba de visita.
El informe sigue. El 26 de enero, un reo fue asesinado con arma de fuego dentro de Chonchocoro. Más grave aún, según reportes de la investigación, ese revólver fue vendido por un policía, quien ya está bajo custodia en el contexto de una pesquisa mayor sobre narcotráfico y crimen organizado.
El 3 de febrero, dos internos fueron hallados sin vida en una celda de Chonchocoro, con heridas punzocortantes. Este es un caso que aún está en investigación.
Ante la creciente violencia, Del Castillo ordenó un operativo en Chonchocoro con 300 efectivos policiales, logrando la incautación de teléfonos celulares, cargadores, televisores y hasta consolas de videojuegos. También confirmó que se están evaluando y reemplazando funcionarios.
El especialista en seguridad penitenciaria y exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, fue contundente: “Las cárceles han dejado de cumplir su función. Son centros de hacinamiento donde los internos solo esperan salir, sin ningún proceso de rehabilitación”.
Llanos explicó que la Policía, encargada de la seguridad en los penales, carece de formación especializada y enfrenta constantes cambios de personal, lo que facilita la corrupción. “Los controles fallan. Se permite el ingreso de celulares, armas e incluso sustancias controladas”, advirtió.
Para él, la solución pasa por la creación de un instituto penal independiente, que garantice la formación y especialización del personal penitenciario. También lamentó que las cárceles no cuenten con equipos multidisciplinarios, capaces de abordar el problema del hacinamiento.
Con 9.200 internos, Palmasola es la cárcel más poblada del país. Tras los recientes hechos de violencia, el Gobierno anunció que endurecerá los controles en las puertas de acceso y dentro de los pabellones, como parte de un plan de seguridad permanente.
Pero, en general, el sistema penitenciario de Bolivia enfrenta un grave problema de hacinamiento. Según datos de la Defensoría, en abril de 2023 había 25.940 personas privadas de libertad, cifra que aumentó a 30.659 en el mismo mes de 2024. De este total, el 62,5% (19.163) se encontraba con detención preventiva, mientras que el 37,5% (11.848) contaba con sentencia condenatoria.
En 2024, el hacinamiento llegó al 196%, es decir, casi el doble de la capacidad instalada en los centros penitenciarios del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que esta situación se debe, en gran medida, al uso excesivo de la detención preventiva, que ha pasado de ser una medida excepcional a una práctica recurrente en el sistema judicial boliviano. Este enfoque contribuye significativamente al hacinamiento y a las condiciones inhumanas en las cárceles del país.
Entre los detenidos preventivos figura el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido desde finales de 2022.
PARA SABER
– Más controles
La Policía inició permanentes y más duros controles en las cárceles del país para frenar la ola de violencia.
– Cambio de personal
El Ministerio de Gobierno ya confirmó el cambio de personal en las principales cárceles del país, donde hubo violencia con víctimas fatales.
– Palmasola
Alberga a 9.200 privados de libertad y vive un hacinamiento alarmante, según las autoridades.
El Deber
