Profesionales de derecho que litigan en tribunales o ejercen su especialidad desde la docencia descartaron cualquier posibilidad de presentarse como postulantes a candidatos a magistrados del Órgano Judicial, porque observan una injerencia “descarada” del poder político para designar a estos precandidatos en mérito de una supuesta decisión partidaria. EL DEBER realizó un sondeo entre profesionales del eje del país.
“Nosotros no somos militantes, somos profesionales y no vamos a hacer manosear nuestra trayectoria con decisiones políticas, nos ha costado forjarnos. Todo ese esfuerzo se sometería a una decisión política, que no mide la meritocracia ni la idoneidad sino la militancia”, cuestionó la abogada Martha Requena, quien nació al ámbito laboral del derecho como asesora jurídica de la COB en los tiempos del legendario líder sindical Juan Lechín Oquendo.
Desde el martes, las comisiones mixtas de Constitución y la de Justicia Plural reciben en los predios de la Asamblea Legislativa las postulaciones de los profesionales que pretenden llegar a ser magistrados en uno de los cuatro altos cuerpos judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental (TA).
El destacado constitucionalista José Antonio Rivera también criticó la forma de calificación que aprobaron los parlamentarios. En su criterio, el 50% de la calificación otorgada por documentos, que se consiguen solo por asistir a cursos de postgrado, no garantiza la idoneidad de los profesionales para las delicadas funciones. También cuestionó la prueba escrita a la que calificó de “enciclopedista”, alejada de las competencias reales de los jueces.
“No existe un procedimiento para verificar si el postulante o la postulante ha ejercido la función judicial, del Ministerio Público, la docencia o el ejercicio profesional con apego a los principios éticos y valores morales, por eso se debió involucrar a la sociedad civil”, explicó el profesional del derecho
César Cabrera, expresidente del Colegio Nacional de Abogados y docente de la universidad Mayor de San Simón, fue el único que manifestó su deseo de presentarse como candidato a magistrado, porque considera que, ahora existe más transparencia. “No será como antes, cuando había que portar una credencial de color azul necesariamente, sin que importen el currículum, la capacidad, la idoneidad del candidato”, resumió el profesional.
A su turno, la exministra de la extinta Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, explicó que para ella sería muy difícil volver a un alto cargo judicial porque en este momento tiene un juicio contra el Estado boliviano ante la CIDH porque el expresidente, Evo Morales, “atropelló al Poder Judicial imponiendo su voluntad” por razones de orden político.
La edad
Dos de los profesionales consultados, Evelyn Cossío y José Luis Cusi, admitieron que podrían presentarse, pero que tienen el impedimento legal de la edad. La ley de convocatoria señala 35 años como mínimo para ejercer el cargo de magistrado.
Evelyn Cossío ya participó de la preselección y designación del Defensor del Pueblo y llegó hasta la votación en Asamblea. Es abogada del dirigente cocalero César Apaza y en esa condición dijo que se debería elegir autoridades independientes que puedan transformar la justicia.
El constitucionalista y académico José Luis Cusi calificó de “una falacia” la intromisión del poder político en la preselección de candidatos de otro Poder del Estado y abogó por la búsqueda de un método más efectivo que garantice la real independencia judicial y de las altas autoridades.
El Deber
