Marzo de 2022. Este mes está marcado en la agenda del ministro Iván Lima para realizar la cumbre judicial. La autoridad hizo la convocatoria, pero mantiene los seis ejes cuestionados para desarrollar la reunión que a la fecha no logró adhesiones de esperanza. El motivo más importante del rechazo es la señal de la Justicia en favor del partido de Gobierno, lo que terminó con un severo llamado de atención de varias organizaciones internacionales.
Ante este escenario, un grupo de juristas especializado en derecho constitucional trabaja desde hace varios meses en una propuesta que apunta a modificar la Constitución Política del Estado (CPE) a través de un referéndum que se tramitará siguiendo la ruta legal de la iniciativa ciudadana. Los profesionales prevén reunir 1,5 millones de firmas, equivalente al 20% del padrón electoral, a partir del segundo semestre de 2022 para validar la consulta.
La idea, señala el abogado Juan del Granado, es anular la intromisión política del proceso de elección de los altos magistrados. Actualmente, con el voto mayoritario de la Asamblea Legislativa Plurinacional se selecciona a los candidatos para los más altos cargos del Órgano Judicial que, finalmente, son elegidos por el voto ciudadano.
El mecanismo, vigente desde 2009 cuando se comenzó a aplicar la actual Constitución, provocó —según los expertos— la falta de independencia en las decisiones judiciales, pues genera una relación de dependencia entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las autoridades “elegidas”. Además, existe un reclamo permanente de los operadores judiciales para tener mayores recursos económicos.
“Hemos planteado una reforma de la Justicia que encare un nombramiento distinto de los jueces supremos para garantizar independencia e idoneidad, además del establecimiento en la Constitución de un tres por ciento del presupuesto anual para que no sea modificado por el ministro de finanzas de turno”, explicó Del Granado, exalcalde de La Paz y uno de los portavoces de los expertos que promueven la reforma.
La propuesta también incluye cambios en el Consejo de la Magistratura y “la revalorización de la justicia indígena originaria”, así como la institucionalización de la justicia de paz. “Todo esto desde la Constitución”, añadió el abogado que a finales de los años ochenta promovió el juicio contra el exdictador Luis García Meza.
La cumbre judicial que anunció Lima no es la primera. En 2012, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desarrolló un encuentro en La Paz y definió la necesidad de mejorar los presupuestos para este poder del Estado. En 2017 se hizo una segunda cumbre en Sucre, donde emergió la Ley 898 de seguimiento a sus conclusiones.
“Pese a ello no hubo ningún cambio y se repitió el cuoteo del MAS en las candidaturas a los altos jueces”, señaló Del Granado.
Ante este escenario, el ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que el evento de marzo será “diferente a la anterior cumbre”, porque buscará “un acuerdo político” con miras a la celebración del Bicentenario de Bolivia, pero sobre la base de los “mandatos establecidos” en la Carta Magna.
Eso sí, la propuesta de la autoridad tomará en cuenta las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que urgen a Bolivia a transformar el sistema judicial. En ese marco, Iván Lima proyecta jueces más probos en el curso de los siguientes 18 meses.
El plan del ministro Lima proyecta, de este modo, al desarrollo de seis ejes que parten, precisamente, de una redistribución territorial de jueces, según la cantidad de población de cada región.
El segundo eje plantea el desarrollo normativo y de estrategias para que la población acceda de manera oportuna e igualitaria a la justicia, incluso, a mecanismos de conciliación y arbitraje.
A diferencia de los juristas que apuntan a ajustar la Constitución para generar condiciones de independencia, el Gobierno propone, en este eje, “procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores despatriarcalizadores y plurales para la designación” de las autoridades jurisdiccionales. En ese marco, también prevé ajustes para la aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y la Fiscalía.
La propuesta de reforma del Ejecutivo fue lanzada el 1 de septiembre y luego se la debatió con los nueve tribunales departamentales. Pero, para entonces, el presidente Luis Arce ya había presentado el proyecto 212 de reforma de la Ley 025 del Órgano Judicial. Estos ajustes, 13 en total, llegaron al Legislativo en junio, incluso antes que el GIEI entregara el informe sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos de la crisis de 2019 y las recomendaciones para que la Justicia esté libre de “presiones políticas”.
La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales alertó, en un informe, que el proyecto “impactará en los derechos ciudadanos”, pues le da al Presidente la capacidad de designar al director administrativo financiero del Órgano Judicial y establece un sistema de “evaluación permanente” y destituciones de jueces como resultado de esas verificaciones.
En el cuarto eje de la reforma, el Ejecutivo establece el desafío de la “transformación digital del modelo de gestión judicial a través del uso intensivo de plataformas informáticas interoperables”.
De acuerdo con el quinto aspecto del planteamiento del Gobierno, se prevé la modificación de la Ley Contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la Ley de Juicio de Responsabilidades y a la norma de Creación de Salas Constitucionales y, precisamente, los ajustes a la Ley 025 que ya está en Diputados.
En el sexto eje se busca “la lucha contra la corrupción a través del acceso a la información, control y participación social y el uso de tecnologías de información enfocadas al gobierno electrónico”.
Del Granado señaló que el temario de la cumbre “no resolverá los problemas de fondo de la justicia” y cuestionó que Lima no haya incorporado el incremento del presupuesto ni los ajustes constitucionales para viabilizar la designación de jueces idóneos.
Lima señaló que la reforma judicial no es ni será producto del trabajo de “cuatro personas con posible sesgo político”, sino que surgirá de los aportes del pueblo. “Vamos a escuchar al país, para terminar el mes de marzo con base en las recomendaciones internacionales que nos urgen para transformar la justicia en una cumbre nacional”, dijo.
El presidente de Diputados, Freddy Mamani, anunció que el Legislativo “acompañará la reforma judicial” y que el año entrante estará marcado por el debate sobre la justicia “con la participación de organizaciones sociales”.
“Los ejes no abordan la temática de fondo de la crisis judicial como el que hace a la independencia y a la idoneidad de los jueces supremos que tiene que ver con el nombramiento de esos jueces supremos. Si no se cambia ese nombramiento de cuoteo partidario de la Asamblea Legislativa va a continuar la dependencia y el sometimiento de los jueces y su falta de idoneidad”, señaló el exalcalde de La Paz, quien espera reunirse con Lima para “intercambiar criterios sobre la reforma”.
El abogado acotó que la propuesta de reforma en la que trabajó el grupo de juristas fue enviada al ministro. “Estamos esperando su respuesta”, afirmó.
Los abogados que proponen modificar la Carta Magna para reformar el sistema judicial son José Antonio Rivera, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Samuel Flores, Gabriela Sauma, Juan del Granado, Marcelo Fernández y Soraya Santiago.
El Deber
