En cuanto estalló el escándalo del ‘narcoavión’, la Fiscalía de Sustancias Controladas emitió varios requerimientos para que la Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) conformen una comisión de investigación que incluya a agentes de inteligencia. Hasta ayer, esa solicitud no se había cumplido y también existen reclamos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre este caso.
Uno de esos pedidos fue enviado el 7 de junio al director departamental de la Felcn y al jefe del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE-Oriente) para identificar a los cabecillas de la organización que logró burlar los controles de Viru Viru para enviar 478 kilos de cocaína a España a través de un vuelo operado el 11 de febrero por la estatal BoA.
El requerimiento fue enviado por los fiscales antidroga Ángela Rocío Medrano Urizar, Fernando Daniel Mejía Gallardo y Rubén Ordóñez Roca tras los primeros interrogatorios a funcionarios de Viru Viru que se dieron desde las 1:50 del 1 de junio, tan solo horas después de que el caso fuera público a raíz de un reporte español.
Esa orden fiscal, de obligatorio cumplimiento según el artículo 158 del Código Penal, instruía a los agentes “remitir la documentación requerida y o realizar cualquier diligencia relacionada con la investigación solicitada por el Ministerio Público de manera inmediata, directa y gratuita”, pero esto no ha sucedido hasta la fecha.
A cambio del anonimato, Policías del GIOE explicaron que la Felcn tiene pleno control sobre todas las instalaciones del aeropuerto, incluso en la zona estéril. “Nuestros camaradas son los últimos en chequear y, en este caso, ellos vieron los precintos de seguridad de los 12 bultos con el sello de BoA”, dijo un agente de inteligencia. Además, observaron la forma en la que se ignoró el pedido de la Fiscalía.
“En otros casos menores o por líneas políticas de arriba los policías son detenidos y enviados directo a la cárcel y les dan de baja. Este es un escándalo internacional y no es posible que no se sepa cómo llegó a entrar a las instalaciones de Viru Viru un cargamento que equivale a unas ocho bolsas de cemento”, comentó otro oficial a este diario.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló la semana pasada que 55 minutos del registro de videovigilancia había desaparecido de Viru Viru y puso en la mira a 11 ciudadanos, de los cuales tres son parte de la empresa de courrier que franqueó la “encomienda” a España. Hay ocho detenidos, entre ellos el policía que estaba a cargo de los canes.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó “cualquier interferencia, amedrentamiento o violación a la independencia judicial” y exigió el debido proceso en la investigación de los operadores de justicia. Esto porque el Ministerio de Gobierno acusó de prevaricato al juez Manuel Baptista por liberar a una de las personas que fue señalada por Del Castillo como posible responsable de haber enviado el alijo a España.
“Si va haber amedrentamiento, un irrespeto a la independencia judicial, estamos por demás los operadores de justicia. Habría que cerrar los tribunales y el Órgano Judicial”, afirmó el propio presidente del TSJ, Ricardo Torres, en una entrevista con Correo del Sur.
El diputado Renán Cabezas (MAS) dijo que estas señales muestran “protección al narcotráfico”. “No hay peces gordos”, dijo.
“Hay que pedir a la Policía y a la Fiscalía hacer toda esta labor con la mayor eficiencia”, dijo el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien pidió “no especular”.
El Deber
