Un documento judicial y el testimonio de técnicos consultados por EL DEBER ponen en duda la teoría de una supuesta red de corrupción dedicada al robo de combustibles en el interior de YPFB Logística, más conocida como Palmasola, que denunció esta semana la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Una exministra acusó a la empresa pública de generar “cortinas de humo” para ocultar el verdadero problema en el suministro de combustible en el país: las deudas que mantiene Yacimientos con sus proveedores.
La estatal importa gasolina y diésel de empresas de Argentina y Paraguay. En los últimos meses del año la falta de pago demoró la entrega de carburantes que deben ser procesados y distribuidos a los diferentes surtidores del país.
Esto generó filas y molestia de la población. Inicialmente, la estatal aseguró que las colas se debían a una ola especulativa difundida por redes sociales y ampliada por los medios de comunicación, pero luego admitió que tenía problemas con algunos proveedores.
Luego a esas justificaciones agregó factores externos que ocasionaron demora en el suministro, como la alta marea en Arica que impidió que las barcazas que transportan combustible hagan el descargo.
En la última semana de noviembre, en medio de problemas de abastecimiento de combustibles que incluso hizo que sectores como el transporte y el agro pidieran a la estatal mejorar el suministro, la compañía denunció la existencia de una supuesta red de robo de combustibles y corrupción en el interior de YPFB Logística.
Incluso el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, en un breve contacto con EL DEBER, reconoció que esa red está trabajando desde el interior de la empresa, pero se la está “desbaratando” y se están iniciando procesos penales contra los responsables.
“Ya tenemos a varios implicados y vamos a ir a romper de raíz, porque se inicia con el cobro a cisternas durante la logística hasta (llegar al) robo del combustible”, aseveró.
Luego dijo que se iniciaron tres denuncias penales, la primera refiere a cobros irregulares y extorsión a choferes de camiones cisternas para el ingreso a la refinería de Palmasola.
La segunda denuncia es sobre la pérdida de 91.000 litros de gasolina en un día. “Existe un faltante de este volumen, que es totalmente inexplicable porque no se puede atribuir a una merma porque es un volumen considerable”, explicó, Félix Cruz, gerente de YPFB Logística.
Otra tercera denuncia hace mención a que un despacho de combustible con una orden alterada por 20.000 litros de combustible.
Imputación
EL DEBER accedió a la imputación referida al robo de combustible. En ella aparecen dos personas imputadas por el delito de incumplimiento de deberes y no así por robo.
En los documentos se mencionan que los sindicados omitieron información sobre la merma de combustible en el tanque de almacenamiento 2914 que derivo en la pérdida de gasolina, pese a ser informados sobre esta situación.
En los documentos hacen notar que al ser funcionarios públicos debieron asegurar el cumplimiento de los procedimientos operativos y se seguridad de la planta.
Pero no menciona el delito de robo. Al contario sostiene que el accionar de los acusados se enmarca en el delito de incumplimiento de deberes.
Este delito está enmarcado en el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal que de forma textual dice que se incurre en este ilícito “cuando el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a un año”.
Mirtha Mejía, fiscal asignada a este caso señaló que ha descartado el delito de robo por no existir elementos contra 9 de las 11 personas que inicialmente fueron señaladas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
La representante del Ministerio Público sostuvo que solo dos personas se adecuaban a algún ilícito al ser el jefe de planta y al supervisor de planta. No obstante, un juez descartó que esta persona tenga responsabilidad sobre este hecho.
“Pero el juez consideró que no se adecuaba a los tipos penales porque no les correspondía, poner en mantenimiento ese tanque de almacenamiento”, dijo.
Además, observó que incluso en las primeras pesquisas se detuvo incluso a los técnicos que alertaron sobre la merma del combustible.
Investigación continua
No obstante, la fiscal, dijo que la investigación seguirá porque existe muchas dudas sobre el caso.
Una de las primeras interrogantes es, según la fiscal, como en el lapso de pocas horas se pudo perder los 92.000 litros de gasolina.
Sobre la denuncia mediática realizada por YPFB, de la existencia de una red de robo de combustible, la autoridad judicial, dijo que no hay indicios de la participación de otras personas en este supuesto hecho.
“He solicitado que secuestren las cámaras de seguridad y tengo una inspección para el día martes. Hay muchos controles, registros para que salga un camión cisterna”, indicó la fiscal.
En esa línea, Efraín Ortega, secretario de ejecutivo del Sindicato de YPFB Logística, señaló que la estatal en su acusación no toma considera el “daño colateral que tiene el tanque 2914” que está “en pésimas condiciones”.
Dijo estos tanques no tienen certificación API, que es un requisito fundamental para operar.
Aseguró que el “techo flotante de ese tanque estaba dañado” y que durante 26 días se manejó con una carga muerta con bajo nivel.
“Entonces, cuando tienes esos desperfectos técnicos, esos daños, sumado a la ola de calor que hemos sufrido durante el mes de noviembre, el producto fácilmente se evapora y si no hay los sellos necesarios”, explicó.
Es más, sostuvo que 2021 técnicos de la estatal realizaron un informe en el que se dejó en evidencia las fallas en este tanque y se solicitó mayor presupuesto para mantenimiento.
A esto se suma que “la gasolina que está importando el país es liviana, volátil” y “si no se tiene las condiciones necesarias estamos propensos a que el producto, de una y otra forma, con estas temperaturas pueda mermar”.
Este tanque, según el dirigente, fue habilitado en septiembre y funcionó hasta octubre. Después se mantuvo con entre el 1 y 26 de noviembre, tras eso se hizo la medición dando como resultado una merma de 92.000 litros.
“Por eso nosotros hemos pedido un peritaje, un análisis técnico con profesionales del área y se pueda ver, qué es lo que pasó con ese producto”, dijo.
Técnicos de YPFB consultados por EL DEBER, que pidieron no ser citados, indicaron que la estatal sabía mediante un informe sobre los problemas de los tanques de almacenamientos.
“Se han dado los informes a la gerencia para que se haga un mantenimiento preventivo de este tanque. Pero nunca ha hecho caso a estas solicitudes. Al contrario, pusieron a operar este tanque dañado”, indicaron.
Otra fuente del sector hidrocarburífero que conoce de primera mano el interior de la estatal sostuvo que este tanque y otro más tienen dañado las válvulas de vacío, las de alivio térmico y las válvulas de sobrepresión.
“Además de estar con desperfecto (las válvulas) tampoco están calibradas y al existir diferenciales de presión y temperatura por la acción de carga al tanque y por las condiciones climáticas ponen en riesgo la integridad de los tanques y no tienen la certificación actualizada”, dijo esta fuente.
El Deber
