Cuatro días después de su aprehensión, el Tribunal Departamental de Justicia estanca la audiencia de medidas cautelares de los 17 detenidos por los sucesos del viernes 11 de noviembre. Mientras sus familias realizan una vigilia en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la defensa presentó ante el Tribunal Constitucional una acción de libertad para 15 de los 17 aprehendidos, informó el abogado Carlos Hugo Vaca.
“Ya se ha presentado la acción de libertad solo para 15 personas de ambos procesos y que fueron ilegalmente aprehendidas, vejadas y torturadas al momento de su aprehensión”, dijo Vaca.
Uno de los argumentos para esta acción de libertad es que “la autoridad jurisdiccional no ha resuelto dentro del plazo de 24 horas la situación jurídica de ninguno de los aprehendidos”.
Por tercera vez, la mañana de ayer la jueza Jimena Flores avisó que por “falta de garantías” fueron reprogramadas las dos audiencias de medidas cautelares contra los 17 aprehendidos: 10 por la quema de la federación de campesinos y siete por los destrozos en la Central Obrera Departamental. Se adelantó que la audiencia se llevará a cabo hoy a las 8:00 y 9:30.
Proceso contra líderes del paro
Sobre la denuncia penal que la Fiscalía de La Paz aceptó contra los dirigentes del paro, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Tórrez, dijo que en cualquier proceso se “debe respetar el juez natural”, es decir deben ser procesados en ese departamento.
“Desconozco el caso en particular, sin embargo, existe el principio de juez natural. Si hay extremos de esa naturaleza, obviamente están las acciones constitucionales que pueden revertir y reencausar estas actuaciones que se alejan del debido proceso. Lo que debe primar es el principio de juez natural”, dijo la autoridad judicial a la prensa.
El dirigente de la Central Obrera Regional (COR) El Alto Juan Marcelo Mayta Huanca el 11 de noviembre presentó en la Fiscalía de El Alto una denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.
Los acusa de la presunta comisión de ocho delitos, entre ellos resoluciones contrarias a la Constitución, atentado contra el Presidente, violencia política, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, entre otros, por el paro indefinido que se realiza en Santa Cruz.
Los abogados de defensa de Camacho dijeron que aún no fueron notificados por la Fiscalía, pero se conoce de manera extraoficial que apenas presentaron la denuncia el 11 de noviembre en El Alto, el Ministerio Público aceptó la misma, en cambio rechazó la denuncia de Creemos por el cerco del MAS.
El abogado Juan Carlos Camacho ve intenciones oscuras en este proceso. “Nos hemos anoticiado de forma extraoficial (…) El contexto por el cual se ha iniciado esta denuncia es completamente oscuro y misterioso porque entendemos que los supuestos hechos que denuncia Marcelo Mayta han ocurrido en Santa Cruz y los elementos de prueba están en la ciudad de Santa Cruz”, observó ayer el abogado del gobernador Camacho, Juan Carlos Camacho.
En tanto, el abogado Carlos Ledezma señaló que la denuncia contra los líderes cruceños debe ser remitida a la jurisdicción cruceña y están a la espera de que el Ministerio Público se pronuncie. “Vamos a estar atentos a los primeros actos investigativos que realice el Ministerio Público, ya hay una solicitud de alerta migratoria en contra de las autoridades. Vamos a esperar la postura y respuesta que tome el Ministerio Público”, dijo Ledezma.
En cambio, el dirigente Mayta desde El Alto afirmó que amplió su denuncia por la presunta comisión de terrorismo y alzamiento armado y con base en ello aseguró que su denuncia tiene todo el asidero legal y se basó en el Decreto Supremo 138 de 2009, que establece que los delitos de terrorismo deben ser juzgados en la sede de Gobierno.
“Existe el principio de juez natural que puede revertir y reencausar estas acciones que se alejan del debido proceso”.
Ricardo Tórrez, TSJ
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DÍAS
como aprehendidos cumplen las 17 personas que están en la Felcc de Santa Cruz.
Llanto y desesperación de los familiares
Camarógrafo • El padre de Sebastián Méndez, el camarógrafo del portal digital “Noticias Villanas”, en la vigilia de los familiares ayer en las puertas de la Felcc en su desesperación rompió en llanto implorando que liberen a su hijo.
Bombero • José Moisés Tórrez es el bombero voluntario que también está en calidad de aprehendido desde la tarde del viernes 11 de noviembre. Su familia pide que sea liberado.
Médico • Arnoldo Nava es el médico cirujano orureño que también está aprehendido. La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) y la Sociedad Boliviana de Cirugía exigen que el galeno sea liberado.
Vigilia• Toda la jornada de ayer los familiares de los 17 aprehendidos desde el 11 de noviembre realizaron una vigilia exigiendo la libertad de sus seres queridos.
Página Siete
