Expertos advierten un excesivo centralismo del Gobierno central en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, desde el manejo de un 82% del gasto, los recursos que administran las empresas públicas, la discrecionalidad en el uso de recursos de coparticipación con entidades subnacionales, la burocracia que se imprime a gobernaciones y alcaldías para acceder a los recursos y el alto manejo de los ingresos que tiene.
“La Constitución dice que somos un país con autonomías y descentralizado pero, en realidad, cuando uno va a hacer la gestión pública necesita de recursos. Lo que nos dice el presupuesto –desde el 2012– es que históricamente el nivel central maneja entre el 82% al 86% del gasto en el Gobierno central con sus entidades descentralizadas y desconcentradas. Lo restante lo manejan las alcaldías, universidades y Gobernaciones”, declaró el economista Julio Linares.
La Fundación Milenio realiza la misma observación. “Del total de 27.482 millones de bolivianos presupuestados para inversión pública, 23.056 millones de bolivianos se asignan al Ejecutivo, las Instituciones Descentralizadas y las Empresas Nacionales, o sea el 82% de toda la inversión. Ello deja para los niveles subnacionales un magro 18%. El Gobierno insiste en retener para sí obras y programas que deberían desconcentrarse. Esto, a despecho de la pobre ejecución de los recursos de inversión pública en las gestiones anteriores, y a expensas de las necesidades y demandas de los gobiernos subnacionales”.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Pública, Zenón Mamani, explicó que, el nivel central, “que aparentemente es grande”, debe pagar los salarios de los maestros, médicos, de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) y que este dinero se redistribuye en todo el país “y no se concentra en el nivel central”.
Además, aseguró que la Constitución obliga a que el PGE deba concentrar todas las entidades del sector público que generan y administran recursos públicos. “Por tanto, ahí entran las empresas públicas, gobernaciones, municipios y universidades. En otros países, (las entidades subnacionales) no son incluidas en su presupuesto porque se administran por sus instancias legislativas”.
La segunda observación la presentó Linares al advertir que las empresas públicas manejan la cuarta parte del presupuesto de la nación y esa “es la apuesta que hizo el Estado desde el 2006”. Y aseguró que YPFB, dentro de las empresas estatales, es la que mayor porcentaje de recursos maneja. “Administra más o menos 70 mil millones de bolivianos cada año. Presupuestariamente hablando, es más importante ser presidente de la petrolera que cualquier Gobernador o Alcalde del país”.
Linares advirtió que “las gobernaciones, cada vez, están más empobrecidas y no tienen recursos ni para cumplir sus competencias”. “Es decir, el Gobierno del MAS creó leyes en las que cada vez les aumentan las competencias (a las entidades subnacionales), pero tienen menos recursos”.
El viceministro Mamani recordó que en 2005 las empresas públicas apenas generaban 4,2% de los ingresos porque sólo había una YPFB residual, un ENDE residual o una Comibol que sólo representaban contratos. “A partir del 2006, con la nacionalización de los hidrocarburos, el fortalecimiento y creación de nuevas empresas públicas su participación se fue incrementando de forma importante”.
La tercera observación surgió a partir del artículo 7 del proyecto de ley del PGE 2023 que autoriza: “al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo, previa evaluación, incorporar recursos adicionales para contraparte de proyectos de inversión en los presupuestos institucionales de las Entidades Territoriales Autónomas, emergentes de la suscripción de convenios que comprometan recursos”.
Linares dijo que esta disposición le permite al Gobierno destinar recursos para ejecutar obras con Gobernaciones, municipios y otras entidades subnacionales, como proyectos de riego, construcción de escuelas y otros. “Lastimosamente, las reglas para acceder a estos recursos no están bien elaboradas y no son equitativas. Estos recursos se los entregan a los municipios y gobernaciones que están en la línea política del Gobierno Central. No destinan los fondos de forma equitativa”.
Linares recordó que exautoridades, como Evo Morales o Álvaro García Linera, condicionaban obras por apoyo político. Por ejemplo, en las elecciones para Gobernador y Alcaldes del 2015 el expresidente instó a votar por sus partidarios. “A nuestras obreras y obreros, a las futuras generaciones, ¿cómo voy a poder trabajar por la ciudad de El Alto con la gente de la derecha? (…). Si quieren más obras, acá está Édgar Patana; si quieren más obras, acá está Felipa Huanca”.
Para Linares, esos no fueron discursos “errados”. “Ese es el problema de que los recursos de contraparte puede que el Gobierno diga que hay estos dineros, pero éste no es para todos. Los entregan sólo a los municipios y gobernaciones que están con ellos y al resto nada”.
Por su parte, el viceministro Mamani explicó que antes sólo las alcaldías podían acceder a recursos de contraparte y con este artículo más entidades serán beneficiadas. “Las gobernaciones nos solicitaron porque no podían inscribir recursos de contraparte. Ahora también entran gobiernos indígenas o entidades regionales, como el Chaco. Se está ampliando a (todas) entidades territoriales autónomas”.
El funcionario explicó que anualmente se registran los proyectos en el Ministerio de Planificación. “Eso permite agilizar los recursos de inversión”, negando que haya exceso de burocracia.
Gonzalo Chávez detalló que el cuarto hecho que demuestra el centralismo se halla en la burocracia. “Lo que pasó en los últimos años es que el Estado se ha vuelto populista a nivel del Gobierno central porque es expansionista; gasta y gasta”; y neoliberal con los municipios y gobernaciones porque les corta el gasto y la inversión. “Es decir, que de ese 18% que tienen las gobernaciones y municipios deben padecer toda la burocracia del Ministerio de Economía y Finanzas para conseguir los desembolsos de ese dinero”.
Chávez advirtió que las entidades subnacionales deben presentar proyectos, cumplir una serie de requisitos antes de que sea aprobado y “todo se complica si eres de la oposición”. “Deben enfrentar un trámite largo y sólo cuando concluye el Gobierno suelta el dinero”. “Si las entidades subnacionales no logran ejecutar el presupuesto, se revierte y eso deriva a que el déficit no sea tan elevado”.
El experto afirmó que esta forma de llevar adelante las finanzas del país es “parte de la contabilidad creativa de este Gobierno”. “Anuncia grandes inversiones públicas, por ejemplo, el año 2021 se comprometió 4.000 millones de dólares y se ejecutó 2.600 millones, un 65%. Ese 35% que no se ejecutó permite bajar del déficit, no es que se gastó menos, sino que no se logró ejecutar esos recursos”.
El quinto factor lo presentó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, quien advirtió que el Gobierno maneja un 66% de los ingresos. “Eso representa lo que va a llegar de recursos por diferentes vías como la deuda externa y otros. Entonces, seguimos con el modelo centralista donde el Gobierno es el principal actor económico y genera dependencia de universidades, municipios, gobernaciones y otras entidades públicas”.
Aparte del PGE, Romero observó que el nivel central también condiciona al sector privado. “El Gobierno es el principal cliente de los privados y eso también genera dependencia. Sabemos que el modelo económico apunta al gasto público, a la mayor inversión, aunque ahora retrocedió a su ideología económica y no da las condiciones para que, por ejemplo, el sector privado crezca. Por el contrario, continua esa tendencia de continuar siendo el papá Estado”.
“Con la nacionalización, el fortalecimiento y creación de nuevas empresas, la participación estatal se fue incrementando”.
Viceministro Zenón Mamani
Página Siete
