El Consejo de la Magistratura determinó realizar auditorías jurídicas exhaustivas a todos los procesos judiciales vinculados a los hechos de Senkata y Sacaba, ocurridos en noviembre de 2019, durante la crisis política que dejó decenas de víctimas fatales. El anuncio fue realizado por el presidente de la institución, Manuel Baptista Espinoza, quien precisó que la decisión fue asumida por unanimidad en Sala Plena.
La autoridad explicó que la medida responde a una recomendación expresa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que instó a revisar más de 80 causas abiertas en el marco de estos hechos, como parte del seguimiento a las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No se trata de un capricho institucional. Hemos decidido emitir un pronunciamiento público y activar de inmediato un trabajo de control y fiscalización sobre todos los procesos iniciados en emergencia durante 2019, particularmente los de Senkata y Sacaba”, sostuvo Baptista.
El presidente del Consejo aclaró que la institución no tiene competencia para revisar el fondo de las sentencias; sin embargo, sí puede verificar si los jueces actuaron conforme a la normativa y al debido proceso. En caso de encontrarse irregularidades, advirtió que se activarán los mecanismos de sanción disciplinaria correspondientes.
Baptista también se refirió a casos emblemáticos, como el de la expresidenta Jeanine Áñez, y señaló que, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría revisado una de las sentencias, hasta la fecha no se remitió formalmente la resolución al Consejo de la Magistratura, lo que impide establecer eventuales responsabilidades del juez que conoció el caso.
En el marco de esta revisión, el Consejo solicitó información al Ministerio Público y al Servicio Plurinacional de Defensa de las Víctimas (Cepdavi), que remitieron listados de procesos en los que se apersonaron. Según el informe preliminar, algunos casos continúan en etapa investigativa, otros cuentan con sentencia y varios fueron rechazados, pero todos serán sometidos a control institucional.
Con esta auditoría jurídica, el Consejo de la Magistratura busca reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad del sistema judicial en uno de los episodios más sensibles y controvertidos de la historia reciente del país, marcado por la demanda de justicia y verdad de las víctimas y sus familiares.
El Deber
