El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, uno de los hombres más buscados de la región, aseguró que estuvo a punto de entregarse a la justicia paraguaya, pero desistió por la falta de garantías judiciales y de seguridad para su familia.
En una entrevista concedida desde la clandestinidad, Marset afirmó al medio Mega Tv que Paraguay es el único país que ha solicitado formalmente su captura internacional, pese a que en distintos Estados —incluida Bolivia— existen investigaciones abiertas en su contra.
“Yo estaba dispuesto a enfrentar a la justicia y entregarme, pero no me dieron garantías. Están persiguiendo a personas inocentes solo por el vínculo conmigo”, declaró Marset, al referirse a la situación judicial de su expareja y madre de sus hijos, Yanina García Troche, actualmente procesada en el marco del operativo Ultranza Py, considerado el mayor golpe contra el narcotráfico en Paraguay.
Según el prófugo, su decisión de no entregarse se tomó luego de constatar que la Fiscalía paraguaya no presentó pruebas materiales en su contra, como incautación de droga, bienes o propiedades a su nombre. “Dicen que soy el narcotraficante más grande del Paraguay y no tienen un kilo de droga incautado”, sostuvo.
Marset denunció que su expareja se encuentra privada de libertad sin pruebas, con reiteradas prórrogas de detención preventiva, y afirmó que su estado de salud es delicado. “No se le dio atención médica a tiempo, está sufriendo ataques. Es una persecución injusta”, aseguró, al tiempo de expresar sospechas —sin presentar pruebas— sobre presuntos malos tratos en reclusión.
El abogado defensor de Marset, Santiago Moratori, confirmó que mantuvo una reunión presencial con el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón, en la que se exploró una posible entrega voluntaria. Sin embargo, indicó que la negociación fracasó porque no se garantizaron condiciones mínimas de legalidad y debido proceso, especialmente para los familiares imputados.
“Nunca pedimos privilegios. Solo exigimos garantías básicas y que no se criminalice a personas por el solo hecho de tener un vínculo familiar”, explicó Moratori, quien sostuvo que las imputaciones contra la familia de Marset carecen de sustento probatorio.
Durante la entrevista, Marset también cuestionó el desarrollo del proceso Ultranza Py, al que calificó como “mediático”, y afirmó que, pese a los años de investigación, no existen pruebas contundentes que sostengan los cargos en su contra. “Si algún día enfrento a la justicia paraguaya, sé que me enfrentaré a una injusticia”, afirmó.
El uruguayo negó tener pedidos de captura de países europeos y reiteró que solo Paraguay ha emitido una notificación en su contra, versión que contrasta con reportes oficiales que lo vinculan a estructuras criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico y lavado de dinero en varios países de la región.
Las autoridades paraguayas no se han pronunciado hasta el momento sobre estas declaraciones. El proceso Ultranza Py continúa en fase judicial, con decenas de imputados —entre ellos empresarios, políticos y presuntos operadores logísticos— mientras Marset permanece prófugo desde 2022, cuando logró escapar de la Policía Bolivia en un operativo ejecutado en la capital cruceña.
El Deber
