En Bolivia, hasta el año 2021, se registraron 2.388 cooperativas mineras. En 2022 el Ministerio de Medio Ambiente emitió para el sector de la minería 943 licencias ambientales, dejando a 1.444 cooperativas que estarían operando sin ese requisito. El exviceministro de Desarrollo Productivo Minero y Metalúrgico y ahora investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, señaló que aproximadamente un 85% de las cooperativas no cuenta con licencia ambiental haciendo que sus actividades sean ilícitas, pese a estar legalmente constituidas. La mayor parte de las mineras se dedican a la explotación de oro.
“Las cooperativas en general son legales, han constituido personería de manera legal, tienen contratos con el Estado, pero sus actividades son ilegales porque no cumplen las leyes de medioambiente, la Ley de Cooperativas y la Ley de Minerías. En el caso específico de la licencia ambiental tenemos menos del 15% con este requisito, entonces decimos que más del 85% estaría en actividades ilegales”, apuntó el especialista y también expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El boletín informativo del Viceministerio de Cooperativas Mineras de 2021 detalla que las 2.388 cooperativas están distribuidas en: Potosí, con 214; La Paz, 1.873; Cochabamba, 131; Oruro, 58; Beni, 30; Pando, 4; Santa, 38; Chuquisaca, 30 y Tarija, 10.
En cuanto a los datos de emisión de licencias ambientales para el sector de la minería entre 2009 y 2022, se entregaron 943, según la rendición de cuentas final del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión de Desarrollo Forestal. En 2010, con 151, y 2011 con 103 representan los años en los que se entregaron más licencias, pero en 2020 la cifra cayó a 23.
Desde la promulgación de la Ley de Compra de Oro para el Fortalecimiento de la Reservas Internacionales y el reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que vincula al narcotráfico con la extracción ilegal de oro, creció la preocupación por la minería ilegal, focalizada en la explotación de oro que predomina en el país.
El análisis de la Unodc señala que hay 900 rutas que siguen los narcotraficantes a través de los territorios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, donde existen afectaciones al medioambiente y nexos con la explotación ilegal de oro.
La senadora Cecilia Requena, de CC y también ambientalista, dijo que la vinculación del narcotráfico con la minería ilegal es real, ya que se estima que el 50% del oro que sale del país sin ser declarado se envía por las rutas, logística y red que “perfectamente se pueden usar para el tráfico de droga, pero también el tráfico de armas y para la trata y tráfico de personas. Son las mismas redes de criminalidad que se refuerzan mutuamente”.
La Unodc también refiere que en la cuenca del Amazonas “el tráfico y la producción de drogas se entremezclan con actividades ilegales o no reguladas, perjudiciales para el medioambiente y la sociedad, que en algunos casos, incluso, las financian”. Entre esas actividades figuran, en algunas zonas de la Amazonia, la ocupación ilegal de tierras y el pastoreo, la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de especies de fauna y flora silvestres y otros delitos contra el medioambiente.
Requena acotó que en Bolivia la Ley 535 Metalurgia y Minería de 2015, consultada solo con los mineros y no con los pueblos indígenas, generó este fenómeno ilegal y descontrolado por parte del cooperativismo minero “que se abalanzó sobre los yacimientos de oro de la cuenca amazónica”.
Por su lado, Córdova informó que el 99% del oro está registrado a nombre de cooperativas mineras y el 72% de ese oro es traído del norte de La Paz y el resto proviene de Beni, Santa Cruz y luego otros departamentos.
Según el informe del Ministerio de Minería, en 2022 Bolivia exportó 2.739 millones de dólares en oro, que representa el 44,6% de las exportaciones de minerales. Luego sigue el zinc, con un 27,3%, y la plata con el 13%.
Descontrol y extranjeros
El trabajo de cooperativas sin licencia ambiental, la invasión de territorios indígenas y de áreas protegidas, el etnocidio a través de la contaminación de mercurio y el ecocidio son atribuibles al escaso control por parte de las instituciones del Estado. Un reciente reporte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) refiere que entre octubre de 2022 y junio de 2023 se realizaron 46 inspecciones en los nueve departamentos, en áreas donde presuntamente existe actividad minera ilegal, aunque parece no ser suficiente.
El 7 de julio, surgió una nueva denuncia contra la AJAM por parte del alcalde del municipio Mapiri, Alfredo Apaza, quien reclamó la falta de atención de la institución estatal para evitar el asentamiento ilegal de cooperativas auríferas de forma ilegal.
“Esperemos que no pase a mayores este conflicto, sino será la responsabilidad de la AJAM porque no puede tomar acciones, se ha ido a notificar a las personas que se dedican a la explotación de oro, pero no hay resultados. Están trabajando dentro de la mancha urbana y la AJAM no hace nada para evitar que se extienda la explotación ilegal”, afirmó la autoridad municipal a la Agencia Fides.
El miércoles, los pobladores de Mapiri se enfrentaron por la explotación de oro en el sector de Cañopampa, área urbana del municipio, que es ocupado por una parte de los vecinos.
El caso de Mapiri se repite también en otros territorios como en el área protegida Chontalaka Yuyo en Apolo, que pese a tener un fallo constitucional a su favor que “establece la prohibición de cualquier actividad vinculada a la explotación de minería”, persiste en indefensión y sus habitantes reclaman por la inminente contaminación por el mercurio.
En todos los casos, el aspecto que resalta es la falta de control policial e incluso de las Fuerzas Armadas que también están obligadas, por un amparo, a coadyuvar con los operativos.
Los expertos también observaron que no solo son cooperativas las que explotan el oro, sino empresas privada que no están registradas en Bolivia. La senadora Requena afirmó que en una de sus inspecciones logró evidenciar presencia de ciudadanos colombianos y chinos.
“Hay denuncias con evidencias de capitales chinos y colombianos que son constantes. Yo puedo decirle, de primera mano, que cuando hemos encontrado una draga adentro de los límites del parque nacional Madidi y que hemos denunciado, sin que la Armada ni de la dirección del Madidi tenga conocimiento de la existencia de esa maquinaria, tuvieron que explicar que era una draga con gente de Colombia y que iba a pasar por ahí y que estaba con dirección a Riberalta”, lamentó la legisladora.
Agregó, al igual que Córdova, que no hay registros oficiales de qué otros extranjeros operan en las áreas protegidas y que las evidencias logradas son parte de las inspecciones realizadas a través de denuncias.
El Deber
