El Ministerio Público ve que hubo descontrol en la fiscalización del exbanco Fassil, el cual fue intervenido luego de que se conocieran sobregiros y desvíos millonarios a cuentas de los principales accionistas.
Uno de los fiscales asignados a la investigación, Julio Porras, informó que se detectó “un descontrol en el aspecto de la fiscalización” sobre esta entidad financiera, situación que será investigada, dijo a radio Erbol.
La fiscalización del Fassil debía ser aplicada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Analistas económicos y legisladores de oposición también cuestionaron el rol de esta entidad estatal, que optó por la intervención cuando los ahorristas ya llevaban semanas sin acceder a su dinero.
Por otro lado, cada día se descubren más delitos en la administración del banco liquidado. En las últimas horas se reportó que se desviaron hasta 4 mil millones de bolivianos de fondos de la cartera de créditos en favor de Santa Cruz Financial Group, principal accionista de la entidad intervenida, de acuerdo a un reporte de DTV.
Los principales sospechosos en el millonario desvío son los propietarios de la empresa constructora Mecpetrol Galeano, Jorge y Roberto Artieda Flores, quienes ya fueron citados a declarar ante el Ministerio Público, pero la audiencia fue suspendida porque ambos se encontrarían en Miami, EEUU.
De acuerdo a las investigaciones, el Banco Fassil, a través de su presidente ejecutivo, Ricardo Mertens (detenido), adjudicó la totalidad de la construcción de las sucursales de la entidad bancaria a la empresa de los hermanos Artieda, quienes serían socios de la entidad financiera.
Como “pago”, la constructora realizó traspasos millonarios en calidad de “préstamo” a Santa Cruz Financial Group, que tenía el 30 por ciento de acciones de Fassil.
De esta manera, los indicios apuntan a que Mertens usó a terceros, además de los hermanos Artieda, para desviar fondos que debían ir a Banco Fassil, pero que fueron a Santa Cruz Financial Group.
Por otro lado, se conoce que la ASFI amplió la denuncia contra 11 altos funcionarios del exbanco Fassil, ya que éstos habrían autorizado sobregiros a tarjetas de créditos a favor de ocho personas que no tenían la capacidad de pago.
A las 11 personas se las investiga por los delitos de uso indebido de influencias para la otorgación de crédito.
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