En una sorpresiva y tensa conferencia de prensa convocada la noche de este miércoles, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el ministro de Justicia, Freddy Alejandro Vidovic, cuenta con una sentencia ejecutoriada de tres años de privación de libertad por los delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho activo, entre otros. El caso, según explicó, fue puesto en conocimiento del presidente Rodrigo Paz para que determine las acciones correspondientes.
A la consulta de si esta situación afecta la permanencia de Vidovic al frente del Ministerio de Justicia, Oviedo fue directo: “No podrá ejercer cargo público. Es uno de los efectos de tener los derechos ciudadanos suspendidos”.
El anuncio se basó en una instrucción emitida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, para verificar antecedentes judiciales del ministro de Justicia. Oviedo indicó que, tras recabar la documentación oficial, se constató que, en mayo de 2015, el entonces juez primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Román Cordero, aprobó un procedimiento abreviado que derivó en la condena contra Vidovic, mediante la resolución 192/2025.
“Esta sentencia da tres años de privación de libertad contra el mencionado ciudadano por los tipos penales de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros. Freddy Vidovic renunció voluntariamente a la apelación restringida, lo que hace que la sentencia esté ejecutoriada”, afirmó el ministro.
Oviedo precisó que el documento fue certificado por el juzgado correspondiente y que la información ya fue entregada oficialmente al presidente. Según su explicación, una sentencia ejecutoriada implica la suspensión de los derechos ciudadanos del condenado.
“Cuando uno tiene una sentencia ejecutoriada están conculcados los derechos ciudadanos. El señor no puede elegir ni ser elegido, todo lo que significa la privación de derechos ciudadanos”, señaló.
El ministro también expresó sorpresa por un elemento adicional: “Una cosa que a mí me llamó la atención es que este hecho jurídico no figura en el Rejap. Seguramente será otro punto que tendremos que investigar”, advirtió, refiriéndose al Registro de Reincidencia y Antecedentes Penales.
La revelación ha generado un fuerte impacto político, dado que alcanza a uno de los integrantes del gabinete del presidente Paz. Oviedo evitó emitir criterios adicionales y reiteró que ahora la decisión está en manos del mandatario.
La situación de Freddy Vidovic, quien aún ejerce como ministro de Justicia, podría definirse en las próximas horas, en medio de presiones políticas, cuestionamientos institucionales y la expectativa por una eventual destitución.
Vidovic dice que fue perseguido por el MAS
Días antes de la conferencia de Oviedo, el propio Freddy Vidovic había difundido un comunicado oficial en el que ofreció su versión sobre el proceso abreviado que hoy sostiene su descalificación legal. La autoridad aseguró que su sometimiento a ese procedimiento no fue una admisión de culpa, sino una decisión forzada en un contexto de persecución estatal durante el gobierno del MAS.
“Aceptar un juicio abreviado en tales condiciones no es una admisión de culpa, sino una decisión de supervivencia ante un sistema represivo y torturador”, afirmó.
El ministro recordó que en 2015 ejercía como abogado, junto al jurista Jorge Valda, en la defensa del ciudadano peruano que solicitó refugio político en Bolivia, en el denominado caso Belaunde. Según su relato, tanto el solicitante como sus abogados fueron perseguidos, detenidos ilegalmente y sometidos a torturas, en abierta violación de los principios de protección al refugio reconocidos por Acnur y Naciones Unidas.
“Durante mi detención ilegal se me obligó a firmar papeles en blanco. Muchos fueron forzados a someterse a procesos abreviados bajo coacción y chantaje, como única vía para recuperar la libertad y salvar la vida”, sostuvo.
Vidovic insistió en que jamás causó daño al Estado y que su único “delito” fue ejercer su profesión en defensa de los derechos humanos. Señaló que la persecución que sufrió formó parte de un patrón sistemático contra abogados críticos al gobierno de Evo Morales.
“Fui víctima de persecución y tortura... como muchos bolivianos que no sobrevivieron a los abusos cometidos”, expresó.
El Deber
