La Procuraduría General del Estado (PGE) reconoció en un informe que no realizó un conteo, reconteo o auditoría de votos de las elecciones fallidas de 2019, sino que efectuó un “análisis”, procedimiento en el que gastó -señala ese despacho- al menos 7.765 bolivianos.
“La Procuraduría General del Estado realiza un análisis de las actas electorales de la gestión 2019 y no así el conteo, reconteo o auditoría de votos”, se lee en la respuesta que dio el procurador Wilfredo Chávez a una petición de informe escrito, formulada por la senadora Andrea Barrientos, documento al que accedió Página Siete.
Del 11 al 15 de octubre de 2021, la PGE llevó adelante ese trabajo. En el último día de esa actividad, el procurador Chávez declaró: “Puedo decir, en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019”.
En el informe de la PGE se añade que para realizar ese análisis se gastó 7.765 bolivianos, recursos que provienen de la partida presupuestaria 252.
Ese monto contrasta con la pericia que la Fiscalía General del Estado encargó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, cuyo costó fue de 216 mil bolivianos (30.000 dólares). Con ese estudio del Deep Tech Lab de Bisite, cuestionado por su alcance y otros aspectos, el Ministerio Público emitió un requerimiento conclusivo de sobreseimiento en el caso fraude.
En el documento de la PGE, Chávez indica que por disposición del artículo 7 de la Ley 586, la Procuraduría “participa e interviene en procesos penales como sujeto procesal de derecho, siendo parte del proceso penal iniciado de oficio el 11 de noviembre de 2019, por los presuntos delitos de alteración acceso y uso indebido de datos informáticos, delitos electorales y otros contra miembros del Tribunal Supremo Electoral y otros”.
“PGE no es juez ni fiscal”
La senadora Barrientos manifestó a este rotativo que la PGE responde de forma nítida en el informe que no efectuó ninguna auditoría electoral. La legisladora agregó que la Procuraduría no tiene competencia para decir si hubo o no fraude, puesto que tiene tareas específicas.
“La PGE nos responde clarito que ellos no han hecho ninguna auditoría electoral. Ellos se escudan en que se pueden involucrar en cualquier proceso que haya involucrado al Estado, pero no tienen competencia alguna para decir si ha habido o no ha habido fraude. La PGE tiene tareas específicas. Ellos no son ni juez, no son ni fiscal. Su labor es defender al Estado. Podría constituirse la PGE como parte querellante si quisiera, pero asumo, no es parte de su competencia”, aseguró la legisladora.
Respecto al monto de más de 7.000 bolivianos, Barrientos señaló que realizó una inspección al recinto, cuando la PGE realizaba ese trabajo, y por lo que vio considera que el monto citado no refleja la verdad.
“Yo creo que nos está tomando el pelo, el procurador cree que somos estúpidos. Asumamos que cuesta 7.000 bolivianos. ¿Cuál es el costo de trasladar computadoras hasta el lugar?, ¿Llevar en taxi o en micro? Calculamos el pasaje del micro. ¿Cuánta gente había? Digamos que fueran voluntarios, toditos tenían chamarritas. Por experiencia propia, en las campañas, sé que las chamarritas que esos chicos tenían no cuestan pues 7.000 bolivianos”, aseguró.
Atribuciones específicas
Nataly Vargas, exvocal electoral, indicó a este medio impreso que todos los documentos del Tribunal Supremo Electoral como los de los tribunales electorales departamentales, además de todas las actuaciones, son públicas y, por lo tanto, tendrían que estar al alcance de la población, que puede revisar o analizar. Sin embargo, subrayó que la PGE no está jurídicamente habilitada para hacer una revisión de actas electorales.
“Tenemos que considerar que cada una de las reparticiones del Gobierno tienen atribuciones específicas y en este sentido la PGE no está jurídicamente disponible para hacer una revisión de las actas electorales. Si el señor Wilfredo Chávez, a título personal, hubiese querido hacerlo, probablemente hubiera podido hacerlo, pero utilizar bienes y recursos del Estado para realizar una actividad que no le compete a su repartición, eso tendría que ser analizado por parte de las instancias que corresponden”, sostuvo Vargas.
Respecto a la cifra del costo del análisis, Vargas indicó que le parece “sorprendentemente baja” para el resultado al que supuestamente arribó el procurador: concluir que no hubo ningún tipo de manipulación ni fraude en las elecciones de 2019.
“Tenemos que entender que este proceso electoral ha estado también analizado por la OEA, y la OEA destinó montos elevadísimos para realizar una revisión de lo que ha pasado, y la Universidad de Salamanca únicamente cuando ha hecho un análisis, sumamente mediocre y por encima del proceso electoral, ni siquiera viendo las actas de manera presencial, creo que ha cobrado 30.000 dólares. Ya no podríamos calificar a un trabajo que se ha hecho supuestamente con 7.000 bolivianos”.
Fernando Castedo, exvocal electoral, señaló que considera que este tipo de trabajos no son parte del rol que tiene la PGE.
“Eso es lo que llama la atención, porque hay instancias. No creo que sea uno de los roles que debe tener el procurador, por lo menos así lo entiendo”, afirmó.
Los intentos por borrar el fraude detectado por la OEA
Al menos se registraron ocho intentos de borrar o negar el fraude del 20 de octubre de 2019, el cual fue identificado por la OEA. El primer intento ocurrió el 9 de noviembre de 2020, cuando Morales regresó, luego de un año de exilio y dijo que el 55% que eligió a Arce expresó que no hubo fraude.
El segundo intento fue la decisión de la entonces jueza Claudia Castro de archivar, el 23 de noviembre de 2020, la investigación en contra de Morales y cuatro personas de su entorno por el caso.
El tercer intento sucedió el 27 de julio de 2021, cuando el Ministerio Público emitió un requerimiento conclusivo de sobreseimiento, luego de hacer pública la pericia española, que fue cuestionada.
El cuarto intento ocurrió el 3 de agosto de 2021, cuando el exministro César Navarro presentó El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia, en el que señala a la OEA.
El quinto intento es la declaración del 10 de agosto de 2021 del secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe, quien sostuvo que la auditoría de la OEA no es vinculante.
El sexto intento ocurrió el 25 de agosto de 2021, cuando la representación de Bolivia en la OEA indicó que Almagro incumplió el acuerdo de auditoría. El aludido replicó que el convenio se cumplió de “buena fe”, pero planteó un proceso de solución de controversias.
El séptimo intento ocurrió el 28 de agosto de 2021, cuando se conoció que la Contraloría emitió un informe en el que señala que no se realizó una auditoría. El octavo intento fue el “análisis de actas” realizado por la Procuraduría, en el mes de octubre de 2021.
Página Siete
