Gianina García Troche, considerada la pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, denunció públicamente un grave deterioro de su estado de salud y presuntos malos tratos durante su reclusión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción. A través de una videollamada difundida en redes sociales, la mujer aseguró que su vida corre peligro y pidió “justicia y atención médica”, tras siete meses de encierro.
“Yo no busco salir ni que me digan que soy inocente. Yo me entregué, renuncié a mi asilo y quiero que vean en las condiciones que me tienen”, afirmó García Troche, visiblemente afectada. Relató que sufrió múltiples convulsiones, que presenta hematomas en todo el cuerpo y que, pese a informes médicos adversos, se le niegan estudios clave como una resonancia magnética. “Me están queriendo matar. No aguanto más”, sostuvo.
Según su testimonio, fue hospitalizada brevemente y retirada del centro médico sin completar 24 horas de observación, pese a registrar un ritmo cardíaco crítico. Aseguró que volvió a convulsionar en reiteradas ocasiones y que los estudios practicados evidencian un daño cerebral, información que —afirmó— estaría siendo ocultada por las autoridades. “Dicen que finjo. No saben lo que cuesta sobrevivir acá adentro”, expresó.
García Troche señaló que su decisión de entregarse fue motivada por sus hijos y negó mantener actualmente una relación con Marset. “Desde el día que me entregué no estoy más con él. Perdí a mi familia, mis hijos sufren y yo no tengo explicación para darles”, dijo. No obstante, reconoció haber sido su pareja y pidió que se escuche su situación humanitaria.
Las denuncias se conocen días después de que autoridades militares paraguayas informaran sobre un intento de ingreso de un celular a su celda, oculto en un termo durante una visita familiar. El dispositivo fue incautado y el hecho derivó en cuestionamientos a los controles del penal. Sin embargo, este lunes la propia García Troche hizo una videollamada con un celular desde el interior del centro de reclusión, vulnerando los protocolos de seguridad.
La mujer cumple prisión preventiva desde mayo, tras ser extraditada desde España, en el marco de la investigación del operativo ‘A Ultranza Py’, una de las mayores acciones contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay. La Fiscalía la acusa de presuntamente introducir al sistema financiero montos millonarios de origen ilícito mediante mecanismos de ocultamiento.
Mientras las autoridades evalúan eventuales sanciones por el intento de ingreso del celular, las declaraciones de García Troche reabren el debate sobre las condiciones de detención, el acceso a la atención médica y el respeto a los derechos humanos de personas privadas de libertad en casos de alto perfil vinculados al crimen organizado.
El Deber
