La oposición expresó su rechazo hacia el proyecto de Ley del presupuesto aprobado la tarde de este jueves. Cuestionan que sea centralista y que promueva el déficit fiscal.
“De manera ilegal y arbitraria, diputados masistas aprueban un PGE improvisado, inconsistente y centralista que debilita aún más la economía de las regiones y contribuye a la crisis. Arce y el MAS son los únicos responsables por las consecuencias que generará este presupuesto”, expresó a través de sus redes sociales el jefe de Comunidad Ciudadana y expresidente Carlos Mesa.
Carlos Mesa tuiteó sobre el Presupuesto General del Estado
Por su parte, el diputado de Creemos Erwin Bazán, denunció que según el proyecto aprobado, habrá un déficit fiscal del 7,49% “porque los ingresos son menores a los gastos y no es posible cubrir la próxima gestión fiscal. (…) Hay que recurrir a fuentes de financiamiento proveniente de créditos internos y créditos externos”.
Bazán también objetó que se comprometan ingresos futuros provenientes de regalías de la venta de gas, cuando estas no están aseguradas.
Pero el mayor de los cuestionamientos es hacia lo que los parlamentarios llaman “política centralista”, dado que el presupuesto de 2023 se concentra en el nivel central, en desmedro de las regiones.
El jefe de banca de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, describió al modelo económico planteado por el oficialismo como “agotado” y “perverso”, que promueve el “despilfarro y el déficit fiscal”; cuestionó.
“Concentra los recursos en el nivel central. Comunidad Ciudadana trabajó en propuestas orientadas en generar un presupuesto equilibrado y responsable con la ciudadanía; recursos que estén donde más se lo necesite”, señaló Urquidi en conferencia de prensa, a tiempo de manifestar que sus propuestas fueron desoídas por el Gobierno.
Los diputados de Creemos, Bazán y Fabiola Guachalla, también cuestionaron que los recursos se queden, 82% en el nivel central.
“El PGE es excesivamente centralista; al Gobierno no le conviene tener a los bolivianos descontentos al borde de una crisis política y social que no sabrán cómo manejar”, escribió Guachalla en sus redes sociales.
Otra de las críticas la realiza la diputada de Comunidad Ciudadana Gabriela Ferrel, quien denunció que solo el 2,34% del presupuesto esté asignado a la lucha contra la violencia hacia la mujer, y que ese monto está destinado a salario, no así a infraestructura. A su juicio, existe incoherencia entre esta postura y la declaratoria de año de la despatriarcalización, emitida desde el Gobierno.
El Deber
