El presidente Rodrigo Paz justificó este miércoles su decisión de eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) bajo el argumento de que la medida es indispensable para repatriar capitales y frenar la fuga de divisas. Según el mandatario, la carga impositiva provocó la salida de unos 2.500 millones de dólares hacia países vecinos, recursos que el Gobierno busca recuperar para reactivar la inversión y la generación de empleo en el mercado interno.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, respaldó la postura de Paz con estas cifras: la recaudación del IGF en 2024 alcanzó solo 130 millones de bolivianos, lo que representa menos del 0,3% del total de los tributos recaudados. El Ministro explicó que el gravamen, vigente desde la gestión de Luis Arce, afectó principalmente a “empresarios populares” de El Alto, Oruro y Potosí, quienes trasladaron sus patrimonios al exterior para evitar alícuotas de entre el 1,4% y 2,4%.
“Queremos que esos dólares retornen a Bolivia, inviertan en Bolivia y generen empleo en Bolivia”, enfatizó Paz mediante un video en sus redes sociales. El Jefe de Estado relató que el sector privado le manifestó su descontento con entregar recursos a un aparato estatal ineficiente. “Me decían (…) ‘lo que quiero es invertir esos recursos en Bolivia y no que se vayan a un Estado que malgasta la platita’”, indicó.
Para concretar la medida, el Ejecutivo remitirá un paquete de leyes a la Asamblea Legislativa que incluye la anulación del IGF y del Impuesto a la Transferencia Financiera (ITF).
El vicepresidente Edmand Lara, aunque calificó el impuesto de injusto, criticó la prioridad otorgada a los grandes capitales por parte del Gobierno. “Se están olvidando de la clase media y de la clase pobre, que necesita más atención”, cuestionó al indicar que con la eliminación del IGF se benefician solo peronas como Samuel Doria Medina.
Correo Del Sur
