Dos hechos marcaron ayer vulneraciones a la libertad de expresión de la prensa boliviana. El primero fue la denuncia de trabajadores de la red televisiva PAT en Santa Cruz que fue intervenida por la Policía y la Fiscalía en plena transmisión, y el segundo la prohibición de un juez a que un periodista en Potosí grabara la audiencia cautelar de los involucrados en el atentado a la universidad Tomás Frías.
Sobre la actitud del juez en Potosí, quien además ordenó el decomiso de un equipo de trabajo y la eliminación del registro documental de audio, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) dijo que “representa una abierta censura” y lamentó que “nuevamente se cometan atropellos en el ámbito judicial donde se espera el cumplimiento y vigilancia de las normas constitucionales”.
Caso PAT
“La Policía y la Fiscalía intervinieron PAT Santa Cruz (…). A los colegas los han obligado a cortar la trasmisión en vivo y que se ponga grabado, eso es una intervención opresiva, un atentado contra el trabajo y un atentado contra la libertad de expresión. Es terrible lo que está pasando al interior de la institución”, indicó un periodista de dicho medio según un reporte de Urgente.bo.
Según este periodista, la intervención se debe a un tema político, “esta intervención es netamente política porque PAT pasó de mano en mano, una vergüenza que esté ocurriendo este tema, a esta altura de la democracia (…) es terrible lo que está pasando en Santa Cruz y dentro esta empresa”.
El personal pide que se lo deje trabajar y que no se corte la libre expresión. “No nos interesa de quién sea la empresa; nosotros sólo trabajamos (…), nos interesa trabajar, que no se corte la libertad de expresión”, dijo el trabajador.
Decomiso
El juez segundo de instrucción penal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Omar Cardozo, impidió ayer la transmisión que realizaba un periodista de El Potosí de la audiencia de medidas cautelares de los cuatro involucrados en el atentado a la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF).
La información del medio local indica que su periodista sufrió el decomiso de su grabadora y, aunque luego se la devolvió, con intermediación de la Defensoría del Pueblo, constató que el audio relacionado al relato de los hechos fue borrado, pese a que el procedimiento es público.
“Cuando el periodista Marvin Valda estaba grabando el audio de la relación fáctica (la descripción de cómo ocurrieron los hechos), Cardozo ordenó la incautación de su grabadora”, indica el reporte de El Potosí.
La ANP recordó la vigencia del artículo 106 de la Constitución que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la comunicación y a la información, y otorga garantías a los trabajadores de medios de información para la obtención, procesamiento y difusión de noticias.
Unitas detectó 61 vulneraciones
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas detectó, en cuatro meses, al menos 61 vulneraciones a la libertad de prensa, de las cuales dos son las más recurrentes: la estigmatización a periodistas (16 casos) y el impedimento al acceso a la información (16 casos). Otras vulneraciones recurrentes son: las agresiones a periodistas (15 casos), amenazas a periodistas (siete casos), el ataque a medios de comunicación (cuatro casos) y la censura (tres casos).
Según el observatorio, en los casos de estigmatización, quienes más lo cometen son exautoridades de gobierno como el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana.
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