La compra de un nuevo lote de gases lacrimógenos por algo más de $us 8 millones hizo estallar una nueva ola de críticas contra el gobierno del presidente Luis Arce. Legisladores del MAS, que son parte de la llamada ala ‘evista’, exigieron explicaciones al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El diputado Renán Cabezas (MAS) señaló que este caso debe ser puesto en consideración del Ministerio Público. “Con esto más estamos viendo indicadores de corrupción que pueden ser equiparables a lo que se dio con el gobierno de Jeanine Áñez”, afirmó el legislador a radio Panamericana.
Recordó que el exministro Arturo Murillo está detenido en Estados Unidos por la compra irregular de este material que es usado contra los disturbios sociales.
Murillo gestionó la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por $us 5,6 millones, un costo menor al que pudo invertir en esta ocasión el gobierno de Luis Arce en medio de varias movilizaciones de protesta.
Eso sí, al usar una intermediaria, Murillo incurrió en un sobreprecio de más de $us 2 millones, de acuerdo con la pesquisa que realizaron varios legisladores del MAS durante el gobierno de la expresidenta Áñez.
En noviembre de 2021, la Procuraduría General del Estado incluyó en este caso a la empresa Cóndor, presuntamente por estar al tanto de la operación en la que participó la intermediaria BTS.
“La empresa Cóndor está incluida en el proceso civil porque sabía del sobreprecio, que se había duplicado el precio de los gases y consintió la participación de un intermediario”, explicó entonces el procurador Wilfredo Chávez, durante una conferencia de prensa.
El diario Página Siete reveló ayer, sobre la base de los documentos publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), que el Ministerio de Gobierno destinó $us 8 millones para comprarle este material antidisturbios a esta misma empresa.
“No lo podemos permitir. Pareciera que tenemos un segundo Arturo Murillo. Esperemos que haya una explicación fehaciente de parte del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien es el que adjudica la compra de gases lacrimógenos” señaló el diputado cruceño Daniel Rojas (MAS).
Además, el legislador consideró que “hay una doble moral” en esta operación. “En su momento hemos sido bastante críticos y no vamos a tolerar más represión al gobierno boliviano”, apuntó.
El exministro de Gobierno Saúl Lara, quien es diputado por Comunidad Ciudadana (CC), dijo que “hay pocas empresas que fabrican gases y éstas están en Estados Unidos o Brasil”. Señaló que pedirán un informe a Del Castillo para establecer si no hubo intermediarios, aunque le llamó la atención el monto de la compra.
“Esta empresa Cóndor es muy poderosa y es la única en Bolivia que trae estos agentes químicos o tiene muy buenas relaciones con cada gobierno que pasa, aunque en este caso hay absolutamente una falta de transparencia”, manifestó el senador Rodrigo Paz (CC).
Del Castillo aún no se pronunció. Ayer estuvo en Potosí en el acto de rendición de cuentas.
El Deber
