La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) lideró la construcción de una política pública de protección para defensores de derechos, la que fue presentada en el Foro Político Multiactor, realizado esta semana en La Paz.
“La situación que afrontan las personas y organizaciones defensoras de derechos requiere de una política integral que permita proteger y garantizar su labor fundamental en la sociedad”, declaró la directora de Unitas, Susana Eróstegui.
Amenazas, actos de persecución, violencia, estigmatización, restricción de su labor o intromisión son algunas de las formas en las que se presenta el amedrentamiento a personas e instituciones defensoras de derechos, según una nota de prensa.
La política pública presentada en el Foro Político Multiactor establece tres bases sobre las cuales se busca la protección de las y los defensores de derechos humanos: obligación de respetar y prevenir, obligación de proteger y obligación de investigar, juzgar y sancionar.
“Tenemos una Constitución muy garantista, pero no vemos el iceberg que tenemos que enfrentar en nuestro trabajo. Esta política para defender a defensores de derechos está destinada a la protección cuando hay un daño o cuando se es perseguido. La política pública busca generar condiciones económicas sociales y políticas para poder manejarnos seguros”, explicó Ramiro Orías, consultor que desarrolló el proceso de construcción de la política pública.
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) lideró la construcción de una política pública de protección para defensores de derechos. La misma fue presentada en el Foro Político Multiactor, realizado esta semana en La Paz.
“La situación que afrontan las personas y organizaciones defensoras de derechos requiere de una política integral que permita proteger y garantizar su labor fundamental en la sociedad”, declaró la directora de Unitas, Susana Eróstegui.
Amenazas, actos de persecución, violencia, estigmatización, restricción de su labor o intromisión son algunas de las formas en las que se presenta el amedrentamiento a personas e instituciones defensoras de derechos, según una nota de prensa.
La política pública presentada en el Foro Político Multiactor establece tres bases sobre las cuales se busca la protección de las y los defensores de derechos humanos: obligación de respetar y prevenir, obligación de proteger y obligación de investigar, juzgar y sancionar.
“Tenemos una Constitución muy garantista, pero no vemos el iceberg que tenemos que enfrentar en nuestro trabajo. Esta política para defender a defensores de derechos está destinada a la protección cuando hay un daño o cuando se es perseguido. La política pública busca generar condiciones económicas sociales y políticas de poder manejarnos seguros”, explicó Ramiro Orías, consultor que desarrolló el proceso de construcción de la política pública.
Página Siete
