A seis años de las masacres de Sacaba y Senkata, y en audiencia pública en la que familiares, víctimas y el Gobierno de Bolivia informaron sobre la situación de las investigaciones de ambos hechos que enlutaron el país en 2019, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, enfatizó que la anulación de los casos “es un golpe fuerte para las víctimas, para la sociedad y para el trabajo que va realizando la Comisión”.
«Esta idea de ‘anulación’ de juicios (Sacaba y Senkata) es un golpe fuerte para las víctimas, para la sociedad, para el trabajo que ha venido haciendo la Comisión, me parece que también para la institucionalidad en Bolivia y de alguna manera hay un eje, también, en la conducción de un nuevo Gobierno”, dejó en claro Caballero.
Tras ello reforzó: “Es una cuestión no menor, nada menor, el hecho de la anulación de estás causas».
GIEI
Caballero recordó que existe un informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el cual emitió “recomendaciones” sobre las masacres de 2019.
Añadió, además, que se trabajó en las reparaciones, en garantizar justicia ante las graves violaciones a Derechos Humanos donde a CIDH y se “ha invertido un trabajo de tres años como ya se dijo, a través de una mesa de seguimiento”.
AUDIENCIA PÚBLICA
Las declaraciones tuvieron lugar, luego de que, en audiencia pública ante la CIDH, representantes de la Asociación de personas fallecidas de la masacre de Sacaba, la Asociación de personas fallecidas y heridas de la masacre de Senkata, y la Asociación de viudos/as, huérfanos/as, heridos/as; y torturados/as “Víctimas de la masacre de Senkata del departamento de La Paz” informaran que los casos fueron anulados.
Ante ello, los familiares de las víctimas pidieron la “ampliación” del trabajo de la CIDH para que el Gobierno de Rodrigo Paz cumpla las recomendaciones de la GIE y que el nuevo Gobierno se comprometa a reaperturar los casos.
Asimismo, denunciaron la “politización e instrumentalización de la justicia”, apuntaron al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo por la liberación de Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el incívico potosinista Marco Antonio Pumari.
Sobre el nuevo Gobierno, observaron que el recientemente nombrado viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, estuvo vinculado con las masacres de Sacaba y Senkata.
‘No tenemos justicia”, expresó una de las víctimas. Otro enfatizó: “Hermanos (de la CIDH) no nos dejen. Si ustedes nos dejan, quiénes nos van a proteger”.
Por parte de Bolivia tomó la palabra el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, quien indicó que Añez no incurrió en un acto de usurpación del poder en 2019, sino en un estado de necesidad institucional ante un vacío de autoridad. Sumó que no actuó con dolo razón por la cual logró su libertad.
RETROCESO
En la recta final de su intervención, Caballero recordó que el 12 de septiembre pasado, la CIDH emitió un comunicado en la que se adelantó que la “anulación de los actuados puede ser un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos”.
A ello se añade que lo ocurrido, respecto a la anulación, “compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado” y supone la revictimización de los afectados. “Son heridas abiertas”, enfatizó.
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