El 20 de diciembre no es un día más en el calendario argentino. Se conmemora una masiva protesta de fines de 2001, en la que la represión dejó un saldo de más de 30 muertos, precipitando la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
Ahora, más de dos décadas después, la jornada vuelve a encontrar a la Argentina sumida en una profunda crisis económica y social, diez días después de la toma de posesión del presidente Javier Milei. Y la tensión otra vez está en alto.
Días antes de la anunciada manifestación de este 20 de diciembre, el Gobierno dio a conocer un protocolo de seguridad, que prohíbe a los manifestantes bloquear vías públicas, faculta a la fuerzas de seguridad para despejarlas y amenaza incluso con despojar de subsidios sociales a quienes incurran en actos que contravengan lo dispuesto, entre otras medidas.
«El que corta no cobra» dice, por ejemplo, un aviso desplegado en una estación de tren, con un número al que se puede denunciar si alguien fue obligado a participar en las protestas.
«Creo que el gran mensaje es que ya no se va a tolerar el corte de la circulación por calles, rutas, autopistas, líneas de tren», dice a DW Álvaro Herrero, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford y docente en diversas universidades.
Considera que las restricciones contempladas en el protocolo que dio a conocer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, representan un cambio de paradigma. «Este fue un tema que estuvo muy presente en la campaña, es algo que ya venían anunciando, y que gran parte de la población parece haber acompañado con su voto», indica.
Explica que hay un «enunciado genérico» sobre compatibilizar el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación de las personas. Sin embargo, estima que, «en la práctica, el Gobierno está pensando en algo más duro. Una política de tolerancia cero para los cortes de calles».
A su juicio, se trata de una forma de demostrar una política de dureza, pero duda que las medidas puedan aplicarse en manifestaciones con miles de participantes.
Medidas cuestionadas
El abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat apunta que el contenido de las disposiciones no es razonable: «Por ejemplo, estar filmando en los colectivos que ingresan del conurbano a la ciudad de Buenos Aires, indiscriminadamente, a todos los pasajeros. Esto ni siquiera en la dictadura militar lo hemos padecido», dice.
«Ha habido crímenes mayores, no tengo duda, pero esto de invadir la privacidad de los sujetos, registrándolos, como si fuéramos delincuentes todos aquellos que utilizamos un transporte público, es absolutamente impensable», agrega.
En cuanto a la intención de multar a las organizaciones convocantes, cuestiona: «¿Desde cuándo una autoridad administrativa tiene facultad de multar, si no hay un juez que establezca, en virtud de norma penal previa, la factibilidad de una multa?».
Para Álvaro Herrero, está claro que «la gente que acompañó a este Gobierno con su voto quiere más orden, pero esto no se logra con amenazas, no se logra con violencia. Y el uso de la fuerza pública excesiva no trae más orden, trae más protestas; eso lo hemos visto en otros países de la región».
DW
