De no ser derogado el decreto supremo del Censo para el 2024, el Comité cruceño determinó acatar un paro indefinido, ante ello, el ministro de Salud, Jeyson Auza, advirtió con descuentos e incluso con desvinculaciones para los profesionales que acaten la medida de presión a la que calificó como “ilegal”.
“No vamos a permitir que por razones sin justificaciones se atente contra la salud del pueblo boliviano, profesional en salud que no cumpla sus funciones va a tener la sanción”, dijo la autoridad.
“Día que no se trabaje, día que va a ser descontado, si estos días son aculados se procederá con la destitución de estos profesionales”, advirtió Auza.
Asimismo, criticó al Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque en “vez de estar regalando obras (como parte de la efeméride cruceña), está regalando confrontación, manipulación política de algo tan sencillo como el Censo (sic.)”.
El ministro recomendó a Camacho “ejecutar los recursos que como ministerio de Salud y Gobierno nacional” asignaron para el Sistema Único de Salud (SUS). “Cuya ejecución presupuestaria está muy baja”, dijo Auza.
El pasado viernes un cabildo, realizado por aquellos que apoyan que el Censo se realice en 2023, -entre una de sus medidas- determinó acatar un paro indefinido de no derogarse el decreto que establece el Censo de Población y Vivienda para 2024.
Asimismo, la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz decidió no asistir a la reunión con el Instituto Nacional de Estadística (INE) el próximo 11 de octubre, en tanto, el Gobierno central no derogue este decreto y que las reuniones se hagan en Santa Cruz.
Por su parte, el Gobierno no está dispuesto a ceder a las exigencias de la institucionalidad cruceña y le pide mayor seriedad
La Razón