Los destrozos y quemas de instituciones públicas que se dieron durante las protestas de fin de año en Santa Cruz dieron lugar a una persecución penal que derivó a su vez en sentencias de condena contra 26 personas en la justicia y procesos abiertos contra más de 40 ciudadanos por distintos delitos. Los abogados defensores aseguran que hubo sentenciados sin ningún tipo de pruebas.
Como resultado de casi una semana de protestas, hasta el pasado viernes se contaban 22 procesos abiertos en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, 33 personas con detención preventiva, tres personas con medidas sustitutivas y 26 sentenciadas, según el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras. Además, se calcula que los daños ascienden a 37 millones de bolivianos, entre la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario y los vehículos.
Las protestas que se iniciaron el 28 de diciembre en la capital cruceña, el mismo día del arresto del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, imputado y detenido en Chonchocoro por el delito de terrorismo en el caso golpe I, dejaron daños materiales y personales. El edificio de la Fiscalía Departamental fue quemado hasta quedar como una cáscara y la institución informó que lo más probable es que sea derribado porque podría derrumbarse en cualquier momento.
El 31 de diciembre, el fiscal de Distrito, Roger Mariaca, informó que había pruebas suficientes contra nueve personas por los delitos de incendio, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y robo agravado. Un funcionario de la Fiscalía contó que algunas personas fueron sorprendidas posteriormente intentando vender por redes sociales algunos equipos sustraídos. Pero al margen de la quema de la Fiscalía de Distrito, el Comando de la Policía informó de 23 instalaciones dañadas en el marco de las protestas que se sucedían día a día en inmediaciones de El Cristo, en el segundo anillo de la ciudad. Sólo el 30 de diciembre, la Policía daba cuenta de 42 personas aprehendidas y 35 motocicletas secuestradas.
Entre la infraestructura afectada están negocios privados e incluso el edificio de la Gobernación, que sufrió un incendio en sus puertas de ingreso el 31 de diciembre. El vicegobernador Mario Aguilera minimizó la quema en el hall y dijo, en una entrevista con un medio local, que “la infraestructura tiene solución, no tiene daño estructural, hemos habilitado una puerta alterna para que la gente acuda a hacer sus trámites”.
Al margen de esos datos oficiales, la información sobre la persecución penal es dispersa y no hay organizaciones sociales o de derechos humanos que hayan sistematizado los casos de persecución por los sucesos de fin de año. Un asesor del Comité Pro Santa Cruz le dijo a Página Siete: “No hemos hecho un recuento, una evaluación, esto (conflicto) está todavía en pleno desarrollo”.
“A algunos hemos tenido que someterlos a procedimientos abreviados para que puedan retornar a sus casas, si bien no había la comisión de un delito… Era el mal menor”, contó Fernando Vaca, quien es miembro de la comisión de abogados solidarios que se formó para defender a los perseguidos por las protestas. El procedimiento abreviado implica que la persona admita culpa de los delitos señalados, acepte una pena mínima y eluda así el encierro en la cárcel.
La comisión de abogados solidarios se acercó a conocer los arrestos ocurridos en el marco de las manifestaciones y pudo contar, dijo el abogado Fernando Vaca, entre 50 y 60 casos. En su criterio, “las imputaciones que presenta el Ministerio Público son muy ambiguas (porque) no individualizan a las personas, no dicen cómo y de qué manera cometieron el delito o cuál fue su grado de participación. Los meten en un saco donde todos cometieron el delito, pero no dicen qué fue lo que hizo cada uno de ellos”.
El abogado Pedro Campero, también de la comisión, explicó que hay muchas incongruencias en los fundamentos para imputar a las personas y abrirles una causa penal. “La Policía presenta ante el juez un muestrario fotográfico de las supuestas incautaciones hechas a los arrestados, pero después esas imágenes no coinciden con el relato escrito a mano alzada en sus informes”, explicó.
A Delma Ortiz le gana la emoción cuando intenta relatar lo que le pasó a su hijo de 26 años. Y solloza tratando de controlarse. El joven estaba al mando de su vehículo con sus amigos, retornando a su barrio después de haber estado en una manifestación alrededor de El Cristo el miércoles por la noche, dice ella. Se detuvo en un semáforo y un grupo de policías aprovechó para bajarlos del motorizado. Sus tres amigos aceptaron una sentencia de condena por almacenamiento de explosivos y asociación delictuosa para evitar la cárcel.
Ortiz no sabía a dónde acudir para buscar ayuda, pero no quería una sentencia de culpable para su hijo. En esas estaba cuando supo de la comisión de abogados solidarios. El viernes por la mañana esperaba nerviosa la audiencia de medidas cautelares para su hijo en la pequeña oficina de los defensores de la comisión.
“El accionar de la Policía es violento desde el día uno. Están operando aquí los efectivos de UPAR (Unidad de Patrullaje de Acción Reacción). Hay muchas denuncias que no han sido formalizadas de ciudadanos que han llegado al Comando, que han sido torturados y luego liberados. Ellos aprehenden a los ciudadanos bajo el argumento de flagrancia, pero esa flagrancia no la demuestran”, dijo el abogado Campero, quien aclaró que muchos fueron detenidos en lugares distantes a El Cristo.
Algunos relatos de la violencia fueron registrados en las declaraciones ante la Policía a insistencia de los abogados, como el de un joven que salió de su trabajo y se dirigió caminando hacia el Palacio de Justicia en el primer anillo: “Me subieron a la patrulla y me pegaron y gasificaron después me llevaron al comando departamental de Policía, nos bajaron, nos golpearon, nos amarraron las manos y nos taparon las caras con cinta, nos seleccionaron, los policías y fiscales no me escucharon lo que les expliqué, después nos trajeron en un bus a 14 personas a la Felcc a horas cinco am aproximadamente”.
Delma Ortiz dice que su hijo fue detenido el miércoles por la noche en celdas, pero sólo le permitieron hablar con él el viernes por la mañana cuando le llevó un desayuno. “Él me contó: (los policías) abrieron mi maletero, tenía tres pausas (petardos) y la máscara para cubrirme del gas, nos pusieron boca abajo en el suelo y escuché a un policía que dijo ‘Pasame la bolsa’. Bajaron una bolsa llena de petardos y se la pusieron en el auto a mi hijo”. La audiencia de medidas cautelares se extendió hasta horario nocturno el viernes.
El abogado Campero informó que el juez ordenó la detención preventiva por 20 días para el hijo de Delma Ortiz sólo porque consideró que su domicilio no estaba correctamente identificado, pues “la familia no presentó un certificado de la junta vecinal” para comprobarlo.
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PERSONAS
fueron sentenciadas, según el director de gestión fiscal, Roberto Almendras.
Las oficinas del SIN fueron el blanco de algunas vigilias
La violencia golpea también a policías y a las instituciones
Página Siete
