El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, presentó ayer una denuncia penal formal ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca contra los cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes acusa de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución, delitos previstos en los artículos 153 y 163 del Código Penal.
La acción judicial marca un hecho sin precedentes en la historia reciente del país y se produce a solo dos semanas de la segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de octubre, y a un mes de la renovación de la Asamblea Legislativa, que deberá impulsar la transición institucional y la selección de los candidatos que terciarán en elecciones judiciales que aún no están en el calendario electoral.
El documento presentado por Saucedo identifica a Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo como los magistrados denunciados. En los antecedentes, recuerda que las elecciones judiciales se realizaron en diciembre de 2017, con un mandato de seis años, que concluyó el 31 de diciembre de 2023. Según Saucedo, la Declaración Constitucional 49/2023, emitida el 11 de diciembre del año pasado, extendió de manera unilateral los mandatos de las autoridades judiciales y constitucionales, pese a que la Constitución no contempla la prórroga de cargos electos.
El documento sostiene que la medida es “inconstitucional y discrecional” y denuncia que, a la fecha, algunos magistrados continúan ejerciendo funciones sin legitimidad. En su petitorio, Saucedo solicitó a la Fiscalía activar alertas migratorias contra los cinco magistrados denunciados.
Más tarde, desde el Tribunal Constitucional, su presidente Gonzalo Hurtado leyó un comunicado institucional en defensa de la independencia judicial y acusó al TSJ de actuar bajo presiones políticas. Afirmó que el TCP ha sido objeto de hostigamiento y presiones para favorecer intereses partidarios y recordó que el Tribunal se mantuvo firme ante intentos de avalar la reelección indefinida, suspender las elecciones de 2025 o anular la segunda vuelta electoral. “Se intenta descabezar al Tribunal Constitucional a dos semanas del balotaje. ¿Qué actores políticos están detrás de este objetivo? ¿A quién beneficiaría suspender la segunda vuelta?”, cuestionó Hurtado, y advirtió que su institución no ingresará en disputas públicas, pero defenderá su rol como garante del balotaje.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó la recepción del documento y explicó que la Unidad de Análisis tiene 24 horas para decidir si admite o rechaza la denuncia.
“El Ministerio Público actúa con autonomía e independencia. La Unidad de Análisis tiene 24 horas para pronunciarse”, indicó Nava.
Pero, la posición de Saucedo sumó respaldo dentro del sistema judicial. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, coincidió en que la prórroga de mandatos carece de sustento y representa una vulneración al principio de temporalidad del poder.
“El verdadero sentido de independencia no se mide por la permanencia en el cargo, sino por la sujeción a la Constitución. Bolivia necesita recuperar la institucionalidad”, afirmó Baptista, quien además advirtió que, si no renuncian, el Legislativo podría cesarlos mediante una ley en curso de aprobación.
En la misma línea, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, expresó su “pleno apoyo y absoluto respaldo” al pronunciamiento de Saucedo, subrayando que la medida busca restaurar la independencia judicial.
Este hecho ha generado un remezón político en pleno clima electoral. La Alianza Libre advirtió que los pronunciamientos del TSJ y otras entidades pueden poner en riesgo el proceso electoral. “Lamentamos que instancias como el TSJ estén promoviendo actos que pueden derivar en la suspensión de la segunda vuelta”, señaló un comunicado. El senador electo José Manuel Ormachea (Libre) denunció una “conspiración para frenar el balotaje”, supuestamente impulsada por sectores del aparato judicial, el evismo y parte del Gobierno, que —dijo— buscan “prorrogarse en el poder”.
En contraste, el gobernador Luis Fernando Camacho respaldó la decisión de Saucedo y pidió la renuncia inmediata de los magistrados “autoprorrogados”. “Estos personajes deberían tener un poquito de vergüenza e irse a su casa”, dijo en conferencia de prensa.
También el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé apoyó el pronunciamiento del TSJ: “Sí, deben irse. Tomó 10 meses para que el TSJ se pronuncie. Se extraña la palabra de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría”, escribió en X.
El Deber
