La segunda víctima del “Saracho Fest” perdió la vida la noche del jueves en la unidad de terapia intensiva de un hospital y el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó este viernes que este caso se agravó por ese nuevo deceso y por la incorporación de nuevos delitos. “Se agrava la situación con relación a un primer momento, pero también se agrava con relación a la ampliación de ilícitos que se están investigando. Están entrando delitos de corrupción (…), donde es inminente una detención preventiva de aquellas personas que hayan participado en el hecho”, dijo en el canal estatal.
La noche del pasado 21 de septiembre, una celebración del Día del Estudiante terminó en tragedia en una unidad educativa de la ciudad de Oruro. Esa fatídica noche, según las primeras investigaciones del hecho, sucedieron dos avalanchas humanas mientras se realizaba el denominado “Saracho Fest” con la presentación del grupo Sangre Cumbiera.
En el hecho, inicialmente, perdió la vida aplastada una joven de 18 años, mientras que su prima, de solo 16 años, resultó gravemente herida y permaneció en terapia intensiva hasta la noche del pasado jueves, cuando también murió.
En un principio fueron aprehendidos el cantante de Sangre Cumbiera, que se lanzó al público provocando la segunda avalancha humana y la directora del colegio donde ocurrió la tragedia. Pero, en una audiencia de medidas cautelares, se determinó que el músico sea liberado y que la profesora quede con detención domiciliaria.
Sin embargo, la Fiscalía continuó con las investigaciones. Se conoce que ya se citó a unas 12 personas y que, a partir de sus declaraciones, se prevé convocar a unas 10 personas más. Entre las personas citadas se encuentran profesores, padres de familia e incluso funcionarios de la Alcaldía de Oruro, quienes, según el fiscal Morales, “presuntamente, de manera irregular, dieron permiso para la realización de la fiesta”.
Morales precisó que, por esa razón, se amplió la investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y uso indebido de bienes del Estado “porque un colegio no es un local de fiestas”.
El Deber
