Productores de leche, avicultores y otros del sector productivo de Tarija se concentrarán este lunes en un mitin de protesta en contra del gobierno de Luis Arce para exigir la derogatoria de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
La medida se realizará en la plaza Luis de Fuentes y forma parte del paro movilizado convocado por el Comité Multisectorial.
«Es absolutamente necesario que se derogue esa normativa para proteger y garantizar la seguridad jurídica no solo del productor lácteo, sino del sector productivo», afirmó el presidente de la Asociación de Productores de Leche de Tarija, Jaime Luján.
El dirigente indicó que el Estado interviene y no permite el crecimiento sectorial, a través de la regulación del costo del alimento balanceado, que perjudica a muchos productores de leche.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Avicultores de Tarija, Ronny Martínez, dijo que, si no se deroga la disposición séptima, el sector estará unido hasta conseguir la eliminación de esa “arbitrariedad” que perjudica a las actividades productivas.
«Como sector avicultor hemos dado el total respaldo al Comité Multisectorial para que el Gobierno derogue esta normativa que incluyeron de contrabando en el Presupuesto General del Estado. Nos parece arbitrario y fuera de lugar la confiscación», expresó Martínez.
La presidenta de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (Caincotar), Marina Ruiz, afirmó que es una decisión de cada empresa afiliada sumarse al paro movilizado.
Sectores productivos, en coordinación con el Comité Pro Intereses, decidieron organizar un mitin de protesta en lugar de una marcha.
El presidente de esa institución, Jesús Gira, declaró que la concentración en la plaza Luis de Fuentes será también una oportunidad para demandar al Gobierno el financiamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, la ampliación del aeropuerto Oriel Lea Plaza y la construcción del camino Isiri – La Central – Villa Montes.
La cuestionada disposición adicional de la Ley 1613 señala que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El Deber
