«Presenté un proyecto de ley para abrogar la norma ecocida 741, que solo tiene un artículo y tres disposiciones, entre estas pedir ayuda internacional», dijo María René Álvarez, diputada por Creemos.
Según la diputada opositora, la propuesta fue presentada un día después de que el mismo Gobierno se pronunciara en favor de la abrogación de esta ley, aprovechando la voluntad del nivel central.
Sin embargo, cuestionó que, cuando el tema fue puesto a consideración de la plenaria, el anterior jueves, no tuvo el apoyo de ninguno de sus colegas legisladores, «ni de oposición, ni de los masistas, para que sea tocado por dispensación de trámite», denunció.
Asimismo, Álvarez agregó que más bien decidieron que se lleve la propuesta a una comisión, sabiendo que las comisiones no están conformadas hace dos semanas, «y tampoco estarán conformadas porque los masistas aún no definen qué quieren hacer de sus vidas, ni a quiénes van a poner».
Recalcó que existía la salvaguarda de que la propuesta podía avanzar a través de la dispensación de trámite, pero que paradójicamente, a pesar de los discursos ambientalistas, no hubo apoyo. «Solamente cuatro parlamentarios se pronunciaron para que hagamos el tratamiento, y los demás callaron».
La legisladora dijo que nuevamente hay la oportunidad de que este proyecto de abrogación sea considerado en el pleno, que se realizará entre miércoles y jueves.
La Ley 741 autoriza desmontes hasta 20 hectáreas, que, de acuerdo a varias versiones, es una de las causales de la quema de bosques en Bolivia.
“Estamos planteando de manera formal y con el procedimiento legislativo respectivo, la abrogación de la Ley ecocida 741, que es una de las causas para la quema indiscriminada de nuestros bosques y áreas protegidas desde 2015”, manifestó la diputada cruceña.
El proyecto fue elaborado por la legisladora y Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados; tiene un solo artículo para abrogar la Ley 741, así como toda la normativa conexa, decretos supremos y resoluciones referidas.
“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberá efectuar y entregar los resultados de una Auditoría Ambiental por los incendios forestales y la sequía en todas las áreas afectadas del país, en el plazo de treinta (30) días calendario, con el fin de cuantificar y cualificar los daños ocasionados”, agrega el segundo párrafo planteado en el proyecto de ley.
La Ley 741 de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas, para actividades agrícolas y pecuarias, fue promulgada el 29 de septiembre de 2015, y abrió paso a la quema indiscriminada de bosques, situación que empeoró en 2019 y que hoy se acerca a esos niveles de crisis ambiental.
Según datos actualizados, hasta la fecha se reportaron más de 3,5 millones de hectáreas quemadas en Bolivia, con casi un millón de hectáreas de bosque perdido. Asimismo, la poca disipación del humo, concentrado sobre todo en Santa Cruz, La Paz, Beni y Cochabamba, ha provocado niveles altos de contaminación en el aire.
Para agilizar el tratamiento de este proyecto, la legisladora envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, solicitando la dispensación de trámite y voto de urgencia en este caso particular
Otras posturas
El sector salud llamó a abrogar las leyes incendiarias, que son varias, conocidas como el ‘paquete o combo incendiario’.
La diputada de Comunidad Ciudadana, María José Salazar, convocó también a insistir con eliminar esta normativa, que está dañando los bosques de todo el país.
El Conade, Fundación Tierra, Contiocap, colectivos ambientales y legisladores solicitaron abrogar la 741 y otras normas que van en la misma línea.
Sin embargo, el senador masista Leonardo Loza, dijo que sería un «error» anular estas normas, y más bien insistió en fortalecerlas.
«Si las anulamos, los incendios se harían con mayor fuerza», dijo.
La 741 es una ley que allana el camino para desmonte y quemas de 20 hectáreas a los asentamientos beneficiados con dotaciones de tierra en distintos municipios del país.
A pesar de que la ABT mandó, desde el 1 de agosto, que se prohíba toda quema, el fuego se descontroló, y son pocos los procesados, y los que pagan multas, hacen un aporte mínimo por hectárea calcinada.
Los más afectados han sido los territorios indígenas y las áreas protegidas.
El Deber
