Los movimientos bancarios realizados por tres colaboradores del exministro Juan Santos Cruz, involucrado en el caso coimas del Ministerio de Medio Ambiente, con destino a dirigentes de diversas organizaciones sociales surgen como indicios de una presunta prebenda y “compra de conciencias” para no cuestionar el Gobierno de Luis Arce.
La tercera cabeza de los Interculturales, David Veizaga, afirmó que al menos 500 dirigentes nacionales y departamentales habrían recibido estos dineros a cambio de dejar de pedir el cambio de ministros. Mientras las Bartolinas de Pando piden una investigación profunda y admiten que Santos financió gastos de estadía cuando realizaron una marcha de Caracollo a La Paz, en 2021.
La declaración informativa de María Félix S. R., sobrina de la recaudadora de las coimas, Claudia Cortez, reveló que su tía usó su cuenta bancaria para realizar transferencias al exministro Santos y a organizaciones sociales. La mujer compareció ante la Fiscalía, el pasado 27 de junio de este año, en calidad de testigo.
“En principio ella me pidió de favor, porque me dijo que era para que haga transferencias a las organizaciones sociales. Ella estaba trabajando con el ministro de Medio Ambiente y Aguas y con las organizaciones sociales a nivel Bolivia. Como le tenía confianza a mi tía, nunca pensé que sea algo malo lo que hacía. Durante un año, aproximadamente, mi tía administró la cuenta, desde el año 2021 hasta octubre del año 2022, si no me equivoco”, señala el documento.
Las investigaciones también apuntan a que el capitán de la policía Daniel Jesús A.S., edecán del exministro, realizó depósitos bancarios a la cuenta de la exfuncionaria y mano derecha de la exautoridad, Viviana Bautista, por la suma de Bs 84.820, que estaban destinados a las actividades de las organizaciones sociales del departamento de Pando.
“Consideramos que el exedecán del exministro, Daniel A., por la declaración que ha presentado en calidad de testigo, él debería ser ampliado en su denuncia porque se le ha encontrado varios depósitos y ha recibido depósitos. Hay un monto de Bs 85.000 que el ministro le ha indicado que deposite a la señora Viviana Bautista bajo pretexto de que eran para las organizaciones sociales”, dijo el abogado defensor de Cortez, Abel Loma.
El capitán de policía indicó, en su defensa, que él solo cumplió órdenes del entonces ministro. Loma enfatizó que el deber del edecán era dar seguridad a la exautoridad y no así realizar transferencias bancarias, por lo que piden que sea investigado dentro del caso.
De acuerdo a los antecedentes, el exministro Santos señaló que envió dineros a la exfuncionaria Viviana Bautista quien era su enlace con las organizaciones sociales en Pando.
“Ella (Viviana Bautista) es una conocida en Cobija, es una ex dirigente de organizaciones sociales que vive en Cobija y en el último tiempo estuvo apoyando como enlace del ministerio en el departamento de Pando, realizaba la coordinación con los movimientos sociales principales”, dijo Santos cuando la Fiscalía lo interrogó por Bautista.
Respecto a los depósitos hechos a Bautista y a su sobrino Jhonny Santos Sánchez, el exministro Santos refirió que el motivo fue “por las actividades sociales y dirigencia deportiva, sí las realice, en algunas ocasiones con fondos de los aportes voluntarios de los servidores públicos del ministerio”.
Las investigaciones revelan que el exministro envió Bs 70.000 de aportes para “sectores sociales” de Cobija, Pando. A esto se suma, la declaración de Cortez, quien indicó que junto a Santos acudieron al despacho del secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Eber Rojas, y le entregaron $us 10.000 y Bs 30.000, en efectivo.
Rojas negó haber recibido estos dineros y lleva adelante una denuncia contra la “testigo clave” del caso revelado este año.
Respuesta de los sectores
Tras las acusaciones de una presunta prebenda a las organizaciones sociales, la ejecutiva de las Bartolinas en Pando, Rosa Piña, negó que durante la gestión de Santos hayan recibido dinero “de forma directa”, aunque reconoció que la exautoridad “apoyó mucho” a los movimientos sociales con el financiamiento de traslados y estadía para respaldar al Gobierno de Luis Arce.
“Realmente el exministro Juan ha apoyado mucho a las organizaciones sociales del departamento de Pando, como cuando nos ha convocado nuestro hermano presidente a la marcha de siete días desde Caracollo a la ciudad de La Paz, a nuestra Casa Grande. Ha sido quien ha cubierto los gastos de estadía, alojamiento y alimentación. No fue de manera directa que entregó dinero a las organizaciones, sino que él apoyó en ese sentido”, aclaró la dirigente.
Piña pidió una investigación a Claudia Cortez por no denunciar antes y afirmó que cuando fue despedida, recién develó los hechos de corrupción. Sin embargo, Cortez nunca fue funcionaria, pero colaboraba directamente con el exministro.
La marcha a la que hace referencia la dirigente data de noviembre de 2021 cuando el líder del masismo, Evo Morales, anunció una marcha de Caracollo a La Paz para “defender” la democracia y al Gobierno de Luis Arce.
La movilización de sectores afines al MAS se anunció luego de una concentración de organizaciones sociales que se realizó en el trópico de Cochabamba. La marcha se realizó mientras existía un paro multisectorial en contra de la Ley 1386 contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, con el apoyo de cívicos que rechazan un paquete de leyes del Gobierno.
El segundo secretario de los Interculturales, David Veizaga, señaló que al menos 500 dirigentes, incluido el ejecutivo de su sector, habrían recibido dineros a cambio de apoyar al Gobierno y no pedir más cambios en el gabinete.
“Calculamos que cerca de 500 dirigentes a nivel nacional fueron compradas sus conciencias. Más claro, fue para el tema de ministros para hacerse apoyar y para hacer sus gritos Lucho y David. Estamos hablando de los últimos meses de febrero a mayo”, manifestó en contacto con este medio.
Argumentó que el 17 de enero de 2022 todas las organizaciones del Pacto de Unidad pidieron el cambio de ministros y luego de tres meses el 95% de esos dirigentes “se abrazaron” con los ministros cuestionados.
Desde diciembre de 2021, el Pacto de Unidad pidió el cambio de autoridades, sobre todo, de los ministros de Gobierno y de Justicia. Ningún pedido fue escuchado por el presidente Luis Arce.
En mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) pidió alejar a cuatro ministros y luego de una reunión con los sectores sociales, el presidente continuó con su gabinete intacto y se anunciaron cambios de autoridades de otros rangos.
El Deber
